Libertad y orden: la frontera final entre estado de derecho y narcoestado

Cuando la extensión del área de coca cultivada en Colombia equivale a treinta y un veces la ciudad de Bogotá o tres veces Nueva York, esto es, 253000 hectáreas; cuando de las 3700 toneladas de cocaína que se producen en el planeta anualmente, Colombia produce casi 2700, es decir cerca del 70% de la producción mundial; cuando aumenta la lista de regiones olvidadas por el Estado cuya situación de orden público empeora día tras día; cuando los alcaldes y las autoridades locales que aun creen representar la ley y el orden son abandonados a su suerte; cuando las únicas respuestas del gobierno son trinos y una ley de sometimiento que terminará sometiendo una vez más el Estado de Derecho; y cuando las garantías más primarias no se pueden ya garantizar (la vida, la libertad, el derecho al trabajo, la educación, la posibilidad de llevar una vida digna y en paz), lo que queda es un narcoestado.

Y este emerge, no porque sus autoridades sean narcotraficantes, sino porque han abdicado su obligación primaria de salvaguardar la vida de los habitantes, el derecho humano a vivir en libertad, y su obligación constitucional de administrar justicia y hacer cumplir la ley.

Penosamente, el mayor esfuerzo institucional del gobierno para cambiar tal situación (el proyecto de ley No. 002 de 2025) es un reconocimiento implícito a la incapacidad del Estado para cumplir incluso con los valores constitucionales más antiguos que yacen enmarcados en el escudo de armas de la República desde la época en que la Nueva Granada de Santander les dio luz bajo el lema memorable: libertad y orden.

El artículo 21 del proyecto que define el marco de aplicación de la ley de sometimiento establece que la misma aplica a cualquier persona u organización criminal que haya hecho parte del conflicto interno colombiano y que lo hace a partir del 1 de enero de 1990, esto es, cuando Colombia abdicó el Estado de Derecho ante el régimen del terror de Pablo Escobar, los extraditables y la guerrilla del M-19 bajo prólogo más deshonroso de nuestra historia garbado con la versión de paz entonces propuesta: o se negocia con los narcos o no hay paz.

Décadas después, las caras y los nombres de los criminales han cambiado, y a Colombia se le sigue hablando de paz, aunque en la práctica, el país no haya conocido un día de paz, a pesar de todas las fotografías, de los discursos, de los procesos y de todas las veces que la palabra paz ha sido utilizada para justificar lo injustificable y olvidar lo inolvidable. En la intangibilidad de este tiempo, la historia de Colombia no deja mentir: la paz y la verdad han sido parte del conflicto.

Exceptuando algunos esfuerzos institucionales y políticos ciertamente positivos en el caso de la jurisdicción especial de paz (JEP) y la desmovilización armada del grupo terrorista M-19, la paz ya no es un proceso sino un sistema que garantiza la repetición interminable de la historia.

La paz ya no funciona en Colombia porque hace mucho tiempo dejó de ser un proceso que busca resolver el conflicto interno para convertirse en un mecanismo que regulariza la barbarie, reescribe la memoria colectiva de la nación, y reemplaza el rostro de las víctimas por el de sus victimarios al tiempo que transforma estos últimos en sus gobernantes tras una operación de singular naturaleza que no conoce par en el mundo.

A saber: usted comete crímenes contra la humanidad, trafica drogas, extorsiona a las personas trabajadoras, asesina a los representantes de la ley, somete a la población de las regiones más olvidadas de Colombia a vejámenes indescriptibles, nos dice como lo hizo, nos entrega sus armas (o, en la práctica, parte de ellas), nos entrega sus activos (o, de nuevo, parte de ellos), se toma una foto con los delegados de naciones unidas y los representantes del gobierno de turno y nosotros le entregamos un cargo en el Congreso o en las entidades públicas, junto con un sueldo, una pensión o similar prestación y el título de doctor.

Para los mandos bajos y para aquellos que recibían ordenes antes de someterse a los procesos de paz, la suerte suele ser distinta, pues muchos de ellos ni siquiera sobreviven el proceso de reinserción. En la virtud que en la verdad impera, sino fuerza por algunos esfuerzos institucionales de la JEP, el panorama sería aún más desolador.

Para los jóvenes y para las nuevas caras que emergen atraídas por la causa imparable del conflicto–el negocio de la droga–el mensaje no puede ser más alentador: pase lo que pase, hagan lo que hagan, no se preocupen, que al final todos los crímenes, desde el tráfico de drogas hasta los de lesa humanidad, terminan en un proceso de paz.

Y aun cuando en la práctica algunos jueces y subsistemas tratan de impedir el ciclo de la impunidad y la complicidad pasiva del Estado, el mensaje se repite indefectiblemente generación tras generación: entre más atroces los crímenes, más grandes las masacres, más interesado estará el gobierno en someter el Estado. Pues esa, mucho me temo, es la forma como se ha construido la paz en Colombia.

Ineludible consideración, la paz siempre será la opción inteligente frente a la guerra. Sin embargo, la paz no es un sustituto atemporal de la obligación constitucional del Estado de ejercer el imperio de la ley. Sabemos que la paz ya no funciona porque lo único que cambia son los nombres de las organizaciones criminales y las caras de los protagonistas. Y sabemos que no funciona, además, porque Colombia es el único país en la tierra que en el siglo XXI aún tiene guerrilleros y paramilitares. Y sabemos que no funciona, finalmente, porque las voces del pasado y del presente están gritando el mismo clamor: libertad y orden.

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