Sanción ejemplar para funcionario de la Rama Judicial que presentó incapacidad falsa para ausentarse
Se trata del secretario de un Juzgado en Jambaló, Cauca quien aseguró que había sido atracado.

Ante el Consejo de Estado fue demandada la elección de los siete nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Foto: Getty Images / CHRIS RYAN(Thot)
JUSTICIA
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años al secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Jambaló (Cauca), Jairo Aguilar, por incurrir en una conducta gravísima al falsificar una excusa médica para faltar a sus funciones.
La historia se remonta al 16 de septiembre de 2022, cuando el funcionario Jairo Aguillar afirmó haber sido víctima de un atraco en el cual le hurtaron su motocicleta, celular y documentos personales, situación que lo habría llevado a presentarse en la Clínica La Estancia de Popayán para recibir atención médica.
Sin embargo, según su misma versión, debido a que padecía síntomas de depresión, ansiedad y fobia a los hospitales, buscó la manera de salir lo más pronto posible, sin fijarse en la veracidad de los documentos que le habían entregado.
Excusa médica falsa
Al revisar en detalle dicha incapacidad se encontraron inconsistencias en el uso del logo institucional, el formato, los términos empleados por el supuesto profesional que lo atendió y la firma, que al final resultó ser tan falsa como el documento mismo.
Peor aún fue un dictamen de valoración fechado el 25 de junio de 2022, cuando se concluyó que el investigado no presentaba alteraciones del juicio, que mantenía un pensamiento lógico y coherente sin evidencia de delirios, deterioro cognitivo o alteración significativa de la inteligencia.
Rama judicial sanciona al funcionario
Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, no solo constató el actuar premeditado y doloso del funcionario, sino su incursión en una conducta de tipo penal que es castigada con prisión de 16 a 108 meses, dejando en firme la decisión de primera instancia que lo destituyó y le impuso una inhabilidad de 12 años para el ejercicio de cualquier cargo público.
Frente a esta decisión hubo salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo y salvamento parcial del magistrado Juan Carlos Granados Becerra.




