383 miembros de Juntas de Acción Comunal fueron asesinados en Colombia entre 2016 y agosto de 2025

Bogotá

La ONU Derechos Humanos en Colombia revela que desde el año 2016 hasta el 1 de agosto de este 2025 han asesinado a 383 integrantes de Juntas de Acción Comunal.

Los departamentos que registran mayores casos son: Antioquia (44), Norte de Santander (42), Putumayo (36), Cauca (35), Valle del Cauca (26), Caquetá (24), Nariño (22), Meta (13) y Chocó (13). También llama la atención una concentración en los municipios de Cúcuta (13), Montañita (7), Tame (6), Argelia (6), Puerto Asís (6), Buenaventura (4), Carmen del Darién (4) y La Macarena (4).

Para este organismo internacional los grupos armados ilegales utilizan la violencia en contra de los líderes comunales para dar un mensaje de terror, imponerse y ejercer control en las comunidades. En otras ocasiones, hay casos de intento de cooptación por parte de los grupos armados de los liderazgos y suplantación con personas afines a sus intereses. También han recibido casos de imposición de tareas como el cobro de multas, la carnetización de la comunidad o el cobro de extorsiones.

Para la ONU Derechos Humanos las próximas elecciones presentan una situación de especial riesgo para los miembros de las Juntas de Acción Comunal en varios departamentos del país, porque está demostrado que en este contexto de cambio de las dirigencias aumenta la violencia en contra de estos liderazgos.

Las recomendaciones de la ONU

• Mantener la sostenibilidad de esta Mesa Nacional a través de reuniones periódicas, un calendario de sesiones, un plan de acción con objetivos precisos y medibles, y un mecanismo de evaluación de implementación de compromisos.
• Realizar mesas en los territorios para profundizar en las situaciones de riesgo y coordinar acciones de prevención y protección por parte de autoridades nacionales y territoriales. Esos mecanismos y mesas territoriales deberán contar con una participación sustantiva de los organismos comunales.
• Generar un mecanismo de reacción rápida ante la situación de inseguridad de Juntas de Acción Comunal que involucre al Ministerio del Interior, Fuerza Pública, Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, así como autoridades territoriales.
• Que la Política Nacional de Garantías para personas defensoras pueda incluir mecanismos y rutas ajustadas específicamente a la situación de riesgos de las Juntas de Acción Comunal.
• Fortalecer la respuesta que la Unidad Nacional de Protección, sobre todo a partir de las rutas colectivas, puede dar en términos de protección en aquellos municipios con los mayores índices de violencia en contra de las Juntas de Acción Comunal.
• Establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía, especialmente la Unidad Especial de Investigación, con el fin de informar sobre los avances investigativos en casos emblemáticos de homicidio y ataques en contra de Juntas de Acción Comunal.

Estas recomendaciones son producto de la participación de la ONU Derechos Humanos en la reunión de la Mesa Nacional de Seguridad con el fin de avanzar en la adopción de medidas de prevención y protección para las personas que forman parte de las Juntas de Acción Comunal.