Procuraduría absuelve a directivos de la Justicia Penal Militar y Policial en caso por ley de cuotas
El ministerio público determinó que no hubo fallas porque la decisión no era solo de la Justicia Penal Militar, sino también de la Presidencia de la República.
Imagen de referencia de la sede de la Justicia Penal Militar. Foto: Justicia Penal Militar.
Colombia
La Procuraduría General de la Nación revocó en segunda instancia la sanción disciplinaria que en diciembre de 2024 se le había impuesto al director general de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas, y al exdirector de la entidad, Fabio Espitia Garzón, por presunto incumplimiento de la ley de cuotas, es decir, la norma que obliga a las entidades públicas o a los partidos políticos a garantizar una participación equitativa de las mujeres en los niveles de decisión.
En el fallo se lee lo siguiente: “El fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, el 5 de diciembre de 2024, mediante el cual sancionó disciplinariamente a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, para en su lugar absolverlos, conforme a las consideraciones que anteceden”.
Este fallo, emitido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, determinó que los funcionarios no incurrieron en ninguna falta relacionada con la designación de mujeres en al menos un 30 % de los cargos de Otros Niveles Decisorios (OND).
De acuerdo con el Ministerio Público, los nombramientos de dichos cargos no dependen exclusivamente de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ya que la Presidencia de la República también tiene facultad nominadora. Por ello, no se configuró la falta disciplinaria señalada en la primera instancia.
La decisión señala que no se demostró la tipicidad de la conducta y que los cargos imputados carecían de sustento jurídico, por lo que “no puede sostenerse la responsabilidad disciplinaria por la supuesta comisión de la falta”.
En consecuencia, la Procuraduría revocó la sanción de suspensión por cinco meses que se había impuesto a los directivos, y decretó su absolución definitiva.
Con este pronunciamiento, el ente de control reiteró la importancia de respetar las normas administrativas en los procesos de nombramiento y demás disposiciones que garanticen el adecuado funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
