Fiscalía acusó a la exsecretaría de educación de Medellín y dos personas más
Las audiencias por el caso Buen Comienzo continuará con las posturas de la defensa en octubre.
Medellín, Antioquia
La Fiscalía General de la Nación acusó en audiencia a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, a la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata, y al representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato del programa Buen Comienzo durante la administración de Daniel Quintero Calle.
Los delitos imputados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía aseguró que en la contratación no hubo pluralidad de oferentes y que se realizó mediante invitación privada a tres empresas relacionadas entre sí. El representante de la empresa Impulsando a mi País había trabajado previamente en Colombia Avanza, lo que evidencia vínculos entre las compañías participantes.
El ente acusador explicó que Colombia Avanza fue incluida en la base de oferentes del ICBF en diciembre de 2019, solo meses antes de la firma del contrato. Además, la entidad estaba habilitada para ejecutar contratos de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales, pero recibió uno por 23.000 salarios, lo que la Fiscalía considera un criterio inadecuado para su selección.
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Según el material probatorio, Lina María Gil invitó directamente a Colombia Avanza y estableció los valores de los paquetes alimenticios verificando precios en portales de supermercados minoristas, en lugar de buscar cotizaciones en mayoristas para obtener el mejor precio.
La Fiscalía también reveló que las entidades que anteriormente ejecutaban estos contratos aportaban recursos, mientras que a Colombia Avanza se le asignó un beneficio del 7%. Una parte importante del contrato era la logística de entrega de mercados y almacenamiento; sin embargo, la Alcaldía dispuso personal del INDER y la capacidad de Plaza Mayor para cumplir esas tareas, lo que generó un mayor gasto al Estado.
El contrato estipulaba que Colombia Avanza usaría una bodega en Bello para el almacenamiento, pero finalmente los productos se guardaron en una bodega del Distrito en la Central Mayorista de Antioquia. La justificación oficial fue que ofrecía mejores condiciones de cargue y descargue, aunque, según la Fiscalía, la verdadera razón era que la bodega de Bello estaba ocupada en otro contrato de la empresa Impulsando a mi País.
En octubre continuarán las audiencias, con la posición de la defensa, que han anunciado solicitudes de nulidad, mientras se dio el descubrimiento de pruebas. Las audiencias continuarán en octubre.
