Inician deportaciones masivas de presos colombianos en Ecuador

El proceso hace parte de una serie de medidas excepcionales tomadas en Ecuador desde abril de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró oficialmente que el país vive un conflicto armado interno.

Entre los deportados estarían condenados por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro, hurto, entre otros delitos, y que no han cumplido ni el 50% de su pena.

El Bororó de Karla Arcila en La Luciérnaga reveló que Ecuador anunció este mes a Colombia que deportará más de 800 presos de distintas cárceles de ese país, la medida se da bajo la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente de Ecuador Daniel Noboa a través de resoluciones de la Subsecretaría de asuntos migratorios del Ministerio del Interior de Ecuador. Los condenados llegarían en los próximos días en un bus a Ipiales, sur del país, y podrían quedar libres.

La encargada del proceso es la cónsul colombiana en Quito, Paula Andrea Perdomo, quien según reportaron fuentes de Cancillería, recibió la información, pero no ha entregado los expedientes de los presos a los otros cónsules colombianos en las demás ciudades ecuatorianas como Tulcán, Guayaquil, Guayas, Esmeraldas, entre otras, por lo que desconocen cómo avanzar en el procedimiento.

Delitos de los presos que serán deportados

Los condenados, entre los cuales se encuentran varios que no han superado ni el 50% de su condena, pagan penas en Ecuador por terrorismo, secuestro, tráfico de armas y drogas, homicidio, abuso sexual, hurto, entre otros delitos. Las más de 800 presos llegarán al país en calidad de deportados y podrían quedar en libertad porque hasta el momento los cónsules, que deben apoyar el trámite, no tienen la información, que se encuentra en poder de la cónsul de la capital de Ecuador, sobre antecedentes de esas personas, si tienen condenas en Colombia que deban pagar o si deben emitírseles documentos, lo que representa un grave problema de seguridad para la frontera colombo-ecuatoriana.

De acuerdo con las fuentes, es la cónsul en Quito quien tiene la información sobre los detenidos hace más de dos semanas, pero no ha hecho el debido proceso de reportarle a sus pares para que puedan adelantar correctamente la diligencia con las autoridades colombianas, incluso, los familiares de los detenidos también han enviado derechos de petición al consulado solicitando información sobre la futura situación y no han recibido respuesta.

A la cónsul Perdomo le cuestionan su falta de experiencia y habilidad para el manejo de temas consulares y migratorios, y en este caso penales, además de su cercanía por ser la hija de amigos de la embajadora colombiana en Ecuador, María Antonia ‘La Toña’ Velasco, exmilitante del M-19 y exsecretaria de Integración de la alcaldía de Gustavo Petro en el 2013. Aunque según el perfil de Paula Andrea Perdomo en Función Pública y en la página oficial del consulado de Quito, tiene 17 años de experiencia en el sector público y privado, no es de carrera administrativa y es profesional en ecología y especialista en gestión ambiental.

Resolución de deportación

El Bororó de Karla Arcila en La Luciérnaga tuvo acceso a una de las resoluciones, que no divulga para proteger la identidad del procesado. En el documento de cuatro páginas se evidencia que las autoridades migratorias de Ecuador resolvieron deportar al ciudadano, que actualmente está preso en la cárcel de Guayas. La decisión se sustenta en una norma reciente que permite deportar a extranjeros vinculados a hechos delictivos durante un conflicto armado interno, sin necesidad de que hayan terminado de pagar su condena.

Según el gobierno ecuatoriano, esta medida busca proteger la seguridad nacional frente a amenazas de grupos armados. La ley reformada permite suspender la pena de cárcel a cambio de que la persona sea deportada y no regrese al país en un plazo de 40 años. Si vuelve antes, podrá ser arrestado de inmediato y retomará su condena.

En este caso, el propio condenado aceptó voluntariamente la deportación y no presentó oposición ni pruebas para evitarla. La embajada de Colombia, la Cancillería, la Defensoría Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano fueron notificados, y se activó la alerta migratoria para impedir su regreso.

Al ser consultada sobre la medida, la cónsul en Quito, Paula Perdomo, aseguró que no está autorizada para dar información ni declaraciones sobre el tema por lo que se elevó la consulta a la Cancillería y se está a la espera de la respuesta. Desde Migración Colombia explicaron que no han recibido listado alguno y su labor en estos casos es operativa.