Keralty demanda a Petro: ¿Quién es el presidente del grupo detrás de la denuncia y sus motivos?
El conflicto entre Gustavo Petro y José Ba Grajales de Keralty fusiona acusaciones graves (desde crimen de lesa humanidad hasta corrupción política).
Joseba Grajales, Presidente Grupo Keralty. Foto tomada de redes sociales
En una alocución televisada este martes 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro dedicó un fragmento de su discurso a cargar contra el presidente del Grupo Keralty, (propietaria de EPS Sanitas) Joseba Grajales.
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El mandatario lo calificó como “criminal en Colombia” y sostuvo que debe abandonar el país. Incluso, dijo que planea ponerse en contacto con el Rey de España, Felipe VI, para abordar el tema. En su discurso, Petro alegó que Keralty está implicada en un robo sistemático de recursos públicos destinados a la salud que “mata colombianos y mata niños en masa” y afirmó que la empresa habría financiado campañas políticas ilícitamente.
Tras la alocución, Grajales remitió una carta a colaboradores y medios, donde calificó los señalamientos de Petro “campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”, y anunció que iniciará acciones legales penales y civiles, tanto en Colombia como en tribunales internacionales, contra el gobierno y cualquier tercer involucrado.
Grajales añadió que los ataques buscan “socavar sin fundamento la reputación y legitimidad” del grupo y de sus líderes, afirmando que:
“La honestidad, la honradez y la ejemplaridad no pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros”.
¿Quién es el presidente del Grupo Keralty que demandará a Petro?
Joseba Mikel Grajales Jiménez, nacido en el País Vasco (España), ejerce como presidente de la Junta Directiva de Keralty desde 2016. Ha sido una pieza clave en su consolidación como uno de los principales operadores privados de salud de América Latina y Estados Unidos.
Antes de focalizarse en el sector de la salud, fundó Gamesa Guascor FNX Oil & Gas, una compañía aerogeneradores que fue adquirida por Siemens en 2014. En su perfil también se destaca su participación como miembro del Consejo Grupo IMQ. En el año 2001 fue elegido como el Mejor Empresario Vasco.
El empresario español se vinculó a Keralty en 1995 y según el medio Crónica Vasca (con sede en Vitoria-Gasteiz, capital de Álava, en el País Vasco) en 2023 registraba una fortuna estimada en 225 millones de euros.
Hoy, el Grupo Keralty opera en nueve países —Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico—, con expansión en otros mercados como Medio Oriente.
De acuerdo con el portal oficial, el Grupo Keralty, incluyendo Colsanitas, Medisanitas y EPS Sanitas, tiene una presencia significativa en el sistema de salud colombiano, con una base de afiliados que supera los 7 millones. La empresa cuenta más de 24 mil empleados y concentra su atención en salud en 418 regiones del país.
El conflicto entre Petro y Grajales fusiona acusaciones graves con una disputa legal y diplomática que está en marcha. El contexto de la tensión incluye la intervención de la Superintendencia de Salud a Sanitas en abril de 2024 debido a supuestos problemas financieros y de prestación del servicio.
Keralty recurrió la decisión legalmente, ya que en enero de 2025, sus accionistas solicitaron un arbitraje internacional (CIADI) por 1.200 millones de dólares, considerando que la intervención fue una “expropiación indirecta”.
El 26 de junio de 2025 la Corte Constitucional devolvió el control a Keralty, declarando que había vicios procesales en la intervención. Finalmente, Sanitas denunció estar “devastada” por efectos financieros, administrativos y operacionales derivados de la intervención.
En Caracol Radio, el representante legal de Keralty, David Rivero indicó que la empresa, una vez reciba la administración de la EPS, necesitarán un periodo inicial de 90 días para definir un plan de choque y mejorar la prestación del servicio.
“Lo que se ha establecido preliminarmente, pero eso es susceptible de tener alguna variación dependiendo los resultados que se encuentren es que necesitamos alrededor de un periodo inicial de 90 días para poder empezar a definir cuál va a ser el plan de choque porque esto hay que atenderlo como una crisis no es el día a día”, añadió.
El reciente comunicado del Grupo Keralty refleja la postura de frente a las acusaciones del Gobierno y anticipa un conflicto judicial que transciende las fronteras colombianas.
