Seis meses de violencia en el Catatumbo por enfrentamientos entre actores armados ilegales
Confrontación entre el ELN y las farc dejan 72 mil desplazados

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales
Cúcuta
Las organizaciones sociales a través de la Ong Progresar llamaron la atención al gobierno nacional por la falta de respuesta institucional a la crisis del Catatumbo derivada de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas frente 33.
Para el director de esta organización Wilfredo Cañizares “la dinámica de este conflicto ha tomado un vuelo distinto, la confrontación es silenciosa afecta a las autoridades locales y a la sociedad civil”.
Y advirtió que “vemos recrudecimiento de la violencia a través de los frente 24 y 36 de las farc para apoyar al frente 33 en la guerra contra las Autodefensas de La Sierra y Los Pachenca. Lo que se viene es muy complejo, no hay una respuesta eficaz porque no hay eficacia para contener o responder con eficacia a esta situación”.
Indicó que frente al futuro de las disidencias armadas frente 33 se requiere mucha responsabilidad y además trabajar en la desmovilización de todos los combatientes, sería un gran logro".
“Sabemos que las autoridades locales y las organizaciones sociales están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la Zona de Ubicación Temporal y es un reto para el gobierno ” dijo el reconocido líder.
Explicó que “el acuerdo con las disidencias armadas no se pudo cumplir porque las labores de desminado no se han terminado, hay que hacer una limpieza de minas antipersonales y mientras esto no ocurra no se puede avanzar”.
Y es que se cumplen seis meses de la guerra entre los grupos ilegales en esa zona, al norte del departamento que deja más de 72 mil personas desplazadas, más de 2.400 confinadas, 16 miembros de la fuerza pública asesinados, 36 lesionados y más de 150 homicidios.
A este panorama se suma la decisión de la Corte Constitucional que tumbó en su mayoría los decretos de conmoción interior que fueron creados como respuesta del gobierno nacional para atender la crisis social, humanitaria y de violencia en esa región.



