Medellín

Contraloría abrió investigación a seis exfuncionarios por pagos tardíos de servicios públicos

Martha Alexandra Agudelo Ruíz y cinco exfuncionarios más fueron vinculados a la investigación por más de 252 millones de pesos.

Contraloría abrió investigación a seis exfuncionarios por pagos tardíos de servicios públicos

Medellín, Antioquia

La Contraloría Distrital de Medellín abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $252 millones de pesos, tras hallar pagos irregulares de intereses moratorios a Empresas Públicas de Medellín (EPM), ocasionados por demoras en el pago de servicios públicos en instituciones educativas del Distrito entre 2020 y 2023. La motivación de la investigación obedece al hecho de que el Estado Colombiano no puede pagar intereses.

El Auto 338 de abril de 2025, con radicado 072-2025, señala como presuntos responsables fiscales a seis exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Medellín, entre ellos exsecretarios titulares, encargados y subsecretarios administrativos, incluyendo a Marta Alexandra Agudelo Ruiz, Juan David Agudelo Restrepo, Alexander Arias Carvajal y Ana Marcela García Arboleda, entre otros.

La exsecretaria de educación Marta Alexandra Agudelo fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría General en segunda instancia y actualmente está vinculada a un juicio por presuntos hechos de corrupción en la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

El hallazgo fiscal se deriva del contrato N.º 1538220 firmado con EPM, a través del cual se prestaron los servicios públicos a las sedes educativas oficiales. No obstante, según la investigación, durante al menos cuatro años consecutivos los pagos se realizaron de forma extemporánea, lo que generó intereses por mora que fueron asumidos por el erario público.

El monto total de los intereses pagados entre 2020 y 2023 asciende a $252.577.205, distribuidos así:

  • Año 2020: $3.525.332
  • Año 2021: $36.135.760
  • Año 2022: $138.271.816
  • Año 2023: $74.644.297

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Según el ente de control, los pagos tardíos y sus consecuencias fueron corroborados tanto en los registros de egresos como en un oficio oficial enviado por EPM en mayo de 2024, en el cual se confirma la generación de los intereses por mora bajo dicho contrato.

La apertura del proceso se tramita bajo procedimiento ordinario y busca establecer si hubo un daño patrimonial al Distrito de Medellín, derivado de omisiones administrativas o fallas en la gestión financiera de los servicios públicos escolares.

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