Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia nuevas amenazas de muerte
El más reciente hecho se registró el pasado viernes 11 de julio, cuando la comunidad recibió nuevos mensajes de amenazas de muerte y exterminio.
Comunidad de Paz en San José de Apartadó, Urabá antioqueño. Foto: CRIC.
Apartadó, Antioquia
A poco más de un mes del acto de perdón encabezado por el presidente Gustavo Petro, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció una grave escalada de amenazas, hostigamientos y presencia de grupos ilegales en su territorio.
El más reciente hecho se registró el pasado viernes 11 de julio, cuando la comunidad recibió nuevos mensajes de amenazas de muerte y exterminio dirigidos directamente contra su representante legal, Germán Graciano Posso, y otros integrantes del Consejo Interno. Según el testimonio compartido, los emisores de las amenazas advirtieron que “no responderán por la vida de quien se atreva a dar información a la Comunidad sobre lo que ellos (los paramilitares) hablan en la región”.
Estas nuevas intimidaciones se suman a una larga cadena de hechos documentados por la Comunidad desde el pasado mes de mayo, que incluyen presencia armada, extorsiones, estigmatización, restricciones impuestas al campesinado, vigilancia ilegal, incursiones armadas, así como el asesinato de un joven previamente amenazado.
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Pese al acto de reconocimiento liderado por el jefe de Estado el pasado 5 de junio, donde el Gobierno pidió disculpas públicas por los más de 1.800 crímenes de lesa humanidad cometidos contra la Comunidad de Paz en sus 28 años de historia, los hechos de violencia y hostigamiento continúan sin cesar.
En la denuncia más reciente, la Comunidad cuestiona además la falta de presencia del gabinete presidencial, la cúpula militar y representantes de otros poderes del Estado durante el acto oficial, señalando que “aún no se conocen los motivos de su ausencia”.
Entre los hechos más preocupantes reportados están la presencia reiterada de paramilitares en propiedades privadas de la comunidad, el uso de maquinaria para explotación ilegal de recursos naturales, y la imposición de restricciones al uso de la tierra para los campesinos, quienes ahora solo pueden cultivar en extensiones menores a dos hectáreas bajo amenaza.
