Bloqueo en la compra de combustibles en 10 departamentos por incumplimiento de requisitos
La medida va desde el 3 hasta el 10 de julio y aplica en zonas de cultivos ilícitos.
También se afecta la demanda, pues cada vez que sube el precio, los consumidores compran menos el producto.
Colombia
El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas drásticas para combatir el uso ilícito de hidrocarburos en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
A partir de este 3 de julio, se activó un bloqueo temporal de compra de combustibles durante ocho días calendario en 423 municipios de diez departamentos priorizados por presencia de cultivos ilícitos.
La decisión se enmarca en la Circular Conjunta 40008 de abril de 2025, emitida por los ministerios de Minas, Justicia, y Defensa Nacional.
Esta norma exige a todos los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, ya sean refinadores, importadores, almacenados, distribuidores mayoristas y minoristas, transportadores o grandes consumidores, que operen en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, contar con el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) expedido por el Ministerio de Justicia, y remitirlo al Sistema de Información de Combustibles (SICOM).
De los más de 2.900 agentes registrados en estas regiones, solo cerca de 1.400 han cumplido con el requisito. Otros 645 están en proceso de certificación, mientras que 855 aún no han iniciado el trámite, incumpliendo el mandato legal.
Ante esta situación, el Gobierno ha dispuesto un bloqueo inicial de ocho días (del 3 al 10 de julio), durante el cual los incumplidos podrán ponerse al día.
Si no lo hacen, se impondrá un nuevo cierre de 15 días calendario. De persistir el incumplimiento, se procederá a la cancelación definitiva del registro, lo que significará la prohibición total de compra y venta de combustibles para los infractores.
Estas medidas hacen parte de un plan de control, y vigilancia que propuso el Ministerio de Defensa, para la distribución de hidrocarburos, con el cual se busca cerrar el paso al desvío de combustibles hacia actividades ilegales y fortalecer la legalidad en territorios críticos.
