Gobierno reglamenta protección para excombatientes de FARC y sus familias
El Decreto 0638 de 2025 implementa un modelo integral para garantizar la vida, la dignidad y el ejercicio político de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Partido Comunes reporta 265 asesinatos de excombatientes tras el acuerdo / Camila Díaz (Colprensa)
Colombia
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0638 de 2025, mediante el cual se reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI) dirigido a los excombatientes de las FARC-EP, sus familias, sedes y actividades del nuevo partido político surgido del Acuerdo de Paz, así como a quienes aún avanzan en su proceso de reincorporación.
El programa, adscrito a la Presidencia de la República, busca coordinar con distintas entidades estatales acciones que superen el enfoque tradicional de seguridad y garanticen condiciones de vida digna, libre de miedo, necesidad y estigmatización.
“Este programa no se limita a escoltas o esquemas de protección. Se trata de garantizar el arraigo democrático de quienes dejaron las armas, con acceso a servicios, educación, participación política y protección real de sus derechos humanos”, aseguran sobre la iniciativa.
El PPI será implementado con enfoque multisectorial, diferencial, de género, étnico y territorial, y se integrará con la Política de Reincorporación Integral (PRI), el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Se establecen Instancias Tripartitas de Protección y Seguridad (ITPS) a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, integradas por representantes del Gobierno, delegados del partido político Comunes, la Misión de Verificación de la ONU, entre otros. Estas instancias se encargarán de coordinar medidas de prevención, protección y respuesta rápida ante riesgos.
Además, el decreto contempla:
• Jornadas móviles de oferta institucional.
• Rutas para atención integral y empoderamiento político.
• Sistemas de información, evaluación y seguimiento.
• Acciones pedagógicas para la no estigmatización.
El PPI contará con un proyecto de inversión financiado por la Presidencia, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, cooperación internacional, y entidades del orden nacional y territorial.
También se creará un balance anual de cumplimiento del programa, y una estrategia especial liderada por la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para fortalecer la capacidad de denuncia frente a amenazas y violaciones de derechos humanos contra excombatientes.
Con este decreto, el Gobierno busca fortalecer las garantías para quienes apostaron por la paz y la legalidad, reconociendo los desafíos persistentes en los territorios, donde aún hay riesgo por la presencia de grupos armados y estructuras criminales.
