Air-e y Afinia enfrentan Acción Popular por posible cobro irregular en edificios del Caribe
Los impulsores de la Acción Popular afirman que no se trata de errores técnicos puntuales, sino de un modelo de facturación impuesto sin controles ni supervisión adecuada por parte de las autoridades.
Vista panorámica de la ciudad de Barranquilla (Foto vía Getty Images) / RodrigoBlanco
Cansados de pagar más por lo que realmente consumen, cientos de copropietarrios residenciales en la región Caribe han decidido levantar su voz mediante una Acción Popular por una Facturación Justa, un proceso legal colectivo que busca frenar lo que califican como una práctica sistemática de cobros inflados en la energía de zonas comunes.
Según los promotores de esta iniciativa, más de 100 mil familias se han visto afectadas durante años por el uso distorsionado del modelo de medidor totalizador, también conocido como “medidor padre”.
Este sistema, diseñado para consolidar el consumo de energía en edificios, estaría siendo aplicado de forma indebida por operadores como Air-e y Afinia, generando facturas que, en muchos casos, duplican o triplican el valor real del consumo.
“Pagos que antes eran de 3 o 4 millones de pesos por zonas comunes ahora superan los 10 millones sin justificación técnica clara”, aseguró Carolina Ríos Hernández, experta en temas energéticos y representante de Escoge Tu Energía S.A.S: Consultoría Energética en Colombia.
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Razones de las denuncias
Además de los cobros excesivos, residentes y administradores denuncian amenazas de corte del servicio, presión indebida para pagar sin explicaciones claras y falta de garantías en el debido proceso, lo que representa una vulneración directa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos esenciales, la transparencia y el trato digno.
Los impulsores de la Acción Popular afirman que no se trata de errores técnicos puntuales, sino de un modelo de facturación impuesto sin controles ni supervisión adecuada por parte de las autoridades.
“De nada sirve hablar de tarifas justas si desde el principio se mide y se factura mal. El abuso empieza desde el contador”, señalan desde el comité organizador.
El proceso legal está respaldado por documentación técnica, normativas vigentes y conceptos regulatorios.
