Milei autoriza por decreto detenciones sin orden judicial y compra de armas a civiles

El presidente argentino, Javier Milei, amplió por decreto las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial.

Con las nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos de que exista presunción de delito, según el texto firmado por el presidente ultraliberal.

También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus efectos personales y vehículos, sin permiso de un juez.

Además, “el personal con estado policial podrá esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, dice el decreto.

También autoriza a la policía a vigilar sin autorización judicial “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

ONGs advierten de destrucción de libertades

Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.

El decreto “faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces (...) O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, sostuvo Correpi en un comunicado.

Para ello podrán acceder a bases de datos públicas y privadas, así como elaborar sus propias bases de información.

“Basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, advirtió.

Se amplía la compra de armas

El gobierno argentino también autorizó a civiles la compra de armas semiautomáticas y de asalto, según un decreto que revierte una prohibición de hace 30 años y es cuestionado por especialistas.

La decisión del gobierno del ultraliberal Javier Milei autoriza a “legítimos usuarios” la compra y tenencia de “armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22”, de acuerdo al decreto publicado en el boletín oficial.

Los civiles deben probar “usos deportivos”, según el texto.

La disposición deroga una prohibición al respecto que regía desde 1995, cuando se restringió al ámbito militar la compra y uso de ese tipo de armamento y se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

“Hay ligereza y temeridad del gobierno en este tema que minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego”, dijo a la AFP el abogado Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme.