Hubo pago para su liberación; se trataba de un secuestro extorsivo: Iris Marín sobre Lyan Hortúa

Lyan José Hortúa, niño de 11 años secuestrado el 3 de mayo en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fue liberado el pasado 21 de mayo, tras 18 días de cautiverio.

El secuestro, perpetrado por disidencias de las FARC, fue registrado por cámaras de seguridad. Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Iglesia Católica y la Cruz Roja, el menor fue entregado sano y salvo a su familia.

Autoridades nacionales y locales, junto con presión social y mediática, fueron determinantes para esta liberación. Actualmente, Lyan se encuentra estable, con buen semblante y está siendo valorado en un centro médico, para tratar posibles secuelas emocionales.

En este orden de ideas, Iris Marín, defensora del Pueblo, estuvo tras los micrófonos de 6AM para dar más detalles de la liberación del menor.

¿Cuál es el estado de salud del niño?

Marín expresó que el niño fue entregado con un buen semblante. Dijo que estaba tranquilo, como se muestra en las fotos. “Lo recibió nuestra delegación de la Defensoría Regional. Luego fue llevado a la Clínica Valle de Lili, donde tuvo un chequeo médico y allí encontraron que en términos generales está bien”, dijo.

No obstante, la defensora sostuvo que está bajo observación, porque puede tener algunas secuelas, sobre todo a nivel emocional, sin perjuicio del tema físico que sigue en observación.

“La familia y la mamá nos contaron que el niño, solo por el hecho de ser secuestrado, vivió un trauma importante para su salud emocional. Se había comido las uñas, está bajo de peso, estuvo tres o cuatro días amarrado con perros”, agregó.

¿Cómo se dio la liberación?

Marín explicó que desde el 3 de mayo la Defensoría del Pueblo ha estado apoyando a la familia y coordinando con autoridades e instituciones involucradas.

Mencionó que tanto la Iglesia Católica como Naciones Unidas ofrecieron ayuda humanitaria. También hubo momentos de cercanía y otros de hermetismo por parte de la familia.

El día de ayer, 21 de mayo, hacia la 1:00 de la tarde, la Defensoría Regional recibió una llamada solicitando acompañamiento para una liberación.

El defensor regional Gerson Alejandro Vergara y un funcionario se dirigieron a la zona alta de Jamundí, donde el Frente Jaime Martínez entregó al niño, contactados previamente por campesinos de la comunidad, relató la defensora.

¿Hubo algún tipo de pago para concretar la liberación del niño?

Marín señaló que la familia ha reconocido públicamente que sí hubo un pago, y que las autoridades manejaban el caso como un secuestro extorsivo.

No obstante, aclaró que la Defensoría del Pueblo no participó en ninguna negociación relacionada con dinero y que durante la liberación no se realizó ningún pago.

Explicó que la fuerza pública, en una mesa interinstitucional, decidió no usar la fuerza, lo cual consideró razonable por los riesgos que implicaba para el niño. Añadió que el ministro de Defensa mostró interés desde el inicio del caso y participó activamente en las decisiones sobre cómo proceder.

“No estoy aquí diciendo que las autoridades debieron haberse quedado sentadas esperando que la liberación se diera automáticamente a través de un pago, pero también es cierto que el uso de la fuerza muchas veces pone en riesgo la libertad y la vida, pues, en este caso, del niño”, concluyó.