Cara a cara entre Pizarro y Cabal: debaten por “huelga general” tras fracaso de la consulta popular

Las senadoras María José Pizarro, del Pacto Histórico, y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, debatieron en los micrófonos de La W, a propósito de la “huelga general” propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la consulta popular, que pretendía preguntar a los colombianos sobre la reforma laboral.

Por su puesto, Pizarro defendió el derecho de la ciudadanía a protestar y planteó que la huelga debe ser defendida por las organizaciones sociales, pero Cabal señaló al Gobierno de “inducir” y “financiar” las movilizaciones, incluso, con recursos públicos, supuestamente, entregando dineros a movimientos indígenas y otros colectivos.

“La huelga general no es por voluntad popular, es inducida, es pagada”, fue el señalamiento que lanzó Cabal, quien sostuvo que el Gobierno “no le paga el gas a la gente, pero sí les gira $577 mil millones a organizaciones que vienen a tomarse Bogotá con actitud violenta”.

Por su parte, Pizarro respondió: “No hay que temerle a la expresión de la gente. Los trabajadores tienen derecho a decidir si se movilizan hasta que el Congreso apruebe la reforma laboral que les garantice derechos mínimos”.

¿Qué busca la huelga general?

Para Pizarro, la huelga tiene que ser convocada “por la ciudadanía, es decir, por las organizaciones sociales, por la ciudadanía movilizada”. Y aseguró que, por ahora, lo que hay es una evaluación en curso por parte de esos sectores para determinar si se avanza en esa dirección.

“Supongo que se tiene que evaluar en este momento si el escenario de movilización se mantiene hasta que finalmente sea aprobada la reforma laboral (que tiene una nueva oportunidad en el Congreso, en la Comisión Cuarta)”, dijo la senadora del Pacto. 

Cabal señaló, por último, que el Gobierno esté usando la movilización social como mecanismo de presión: “Ellos lo que querían era un billón de pesos para hacer campaña, para quedarse con el poder”. Y defendió figuras como el contrato sindical, que, según ella, la consulta pretendía eliminar.