Santander: Alertan nuevos incumplimientos del MinAmbiente en la protección del páramo de Santurbán
A siete años del fallo Santurbán sigue sin delimitarse, advirtió la Procuraduría y Defensoría.
Foto: Procuraduría General de la Nación
Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron ante el Tribunal Administrativo de Santander su Vigésimo Segundo Informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, correspondiente al periodo enero-abril de 2025. El documento evidencia reiterados incumplimientos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en relación con la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
El informe denuncia que, por tercera vez consecutiva, el MADS omitió la entrega del informe cuatrimestral de evaluación, una obligación esencial para el seguimiento judicial y el derecho ciudadano a la información. Además, transcurridos más de siete años desde la sentencia de la Corte Constitucional, el acto administrativo de delimitación del páramo aún no ha sido expedido.
Las consecuencias de esta omisión, advierten las entidades, se reflejan en un deterioro ambiental y social creciente: aumento de la minería ilegal, informalidad laboral y debilitamiento del tejido comunitario.
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De las siete mesas de trabajo previstas para concertar la delimitación, solo se realizó una, en el municipio de Bochalema, dejando por fuera a comunidades de 13 municipios. Asimismo, las estrategias de divulgación resultaron insuficientes, especialmente en zonas rurales con limitada conectividad, lo que representa una vulneración al Acuerdo de Escazú, del cual Colombia es parte, resaltan las entidades.
Una de las principales preocupaciones señaladas por los organismos de control es la expedición de la Resolución 221 de 2025 por parte del MADS, tramitada en apenas 97 días y sin garantizar una participación ciudadana efectiva. El documento fue emitido pese a la oposición de más de 8.000 ciudadanos, desconociendo derechos fundamentales y sin que dicha medida pueda sustituir el proceso de delimitación ordenado por la Corte.
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Frente a estos hechos, la Procuraduría y la Defensoría solicitaron al Tribunal que evalúe sanciones por posible desacato, rechace nuevas prórrogas, suspenda la Resolución 221 de 2025 y ordene al Ministerio reiniciar el proceso de delimitación, garantizando participación ciudadana, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú. Asimismo, instaron a que dicha delimitación se considere requisito previo a cualquier otra medida de gestión ambiental en la zona.
Este nuevo informe se suma a una larga lista de llamados de atención institucionales sobre la urgente necesidad de proteger efectivamente el páramo Santurbán, un ecosistema estratégico para millones de personas.
