CNE resolverá solicitud de revocatoria de aspirante a Alcaldía de la Jagua del Pilar

La Guajira

A solo pocos días de las elecciones atípicas programadas para el 18 de mayo en La Jagua del Pilar, La Guajira, el proceso electoral se ve envuelto en serias controversias. Los abogados William Jácome Urrea y Germán Percy Rodríguez han presentado una demanda formal solicitando la revocatoria de la candidatura de Ivón Rosana Manjarrez Ustariz, aspirante por el partido Alianza Social Independiente (ASI), por presuntas violaciones al régimen legal de financiación electoral.

La preocupación principal radica en la supuesta financiación prohibida y el sobrepaso de los topes de gastos durante la campaña de Manjarrez Ustariz, lo que, según los demandantes, compromete la transparencia del proceso democrático.

Los abogados, Jácome y Percy, han compulsado copias de las denuncias a la Fiscalía para que adelante las investigaciones correspondientes, toda vez que estos hechos, al parecer, vienen sucediendo desde el 2023 cuando ella también participó como candidata.

“Se observa que el 100% de los aportes reportados proviene de recursos particulares identificados bajo el código 102 del Formulario 8B. Sin embargo, se ha podido establecer que tales recursos, presuntamente, corresponden en su totalidad a contribuciones realizadas por Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, padre de la candidata y actual notario público. Este hecho, además de levantar un reproche desde la perspectiva electoral, adquiere especial connotación penal al constatarse que el supuesto donante ostenta una función pública de carácter notarial, la cual lo sujeta a un régimen de neutralidad e impedimentos específicos", señala el oficio.

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Adicionalmente, a los demandantes les llama la atención una discordancia entre los valores registrados en la contabilidad oficial y las tarifas usualmente reconocidas en el mercado para servicios de carácter artístico. Particularmente, la campaña habría declarado una contratación con el artista Wilfran Castillo por un monto considerablemente inferior al que dicho profesional suele cobrar, conforme a las propuestas comerciales oficiales conocidas.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto emitir una decisión sobre la solicitud de revocatoria el próximo 13 de mayo. Aunque esta resolución podría permitir la continuidad de la candidatura, los abogados insisten en que la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal y administrativa por la presunta financiación irregular.

Finalmente, la comunidad de La Jagua del Pilar, que ya vio anuladas las elecciones de 2023 por presuntas irregularidades, enfrenta ahora una nueva encrucijada que les genera dudas sobre la legitimidad del proceso.