El Río Magdalena es reconocido y acreditado como víctima del conflicto armado ante la JEP
Esta decisión responde a las peticiones presentadas el 5 de diciembre de 2024, por las diferentes organizaciones representantes de las víctimas.
Iván Madero, representante de victimas y presidente de Credhos
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Bucaramanga
Este domingo 11 de mayo en Barrancabermeja se llevó a cabo el Acto de Declaratoria oficial del Río Magdalena como víctima e interviniente especial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras años de peticiones pertinentes a este tribunal.
La acreditación responde a la solicitud presentada el 5 de diciembre de 2024 por las organizaciones representantes de víctimas como: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Unión Sindical Obrera (Uso), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, así como el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de víctimas de la JEP.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó esta decisión dentro del ‘Subcaso Magdalena Medio del Caso 08′, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o en asociación con grupos paramilitares, otros agentes del Estado, y/o terceros civiles en el marco del conflicto armado.
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Esta decisión permitirá que el rio sea un ecosistema bajo protección y que pueda velar por que no haya afectaciones como en el vertimiento de químicos o el desvío de su caudal para otros proyectos, como ocurrió, por ejemplo, en Ituango con la construcción de la hidroeléctrica. Así lo expresó Iván Madero, representante de victimas y presidente de Credhos.
“Históricamente el río ha representado para las comunidades ribereñas la vida, el progreso, el desarrollo y la subsistencia. Hace parte inherente de la vida de los campesinos y campesinas en la región del Magdalena Medio. Por eso es fundamental nuestro trabajo en la solicitud que le hemos emanado a la JEP, para que el río hoy sea reconocido como víctima del conflicto armado. Ha sufrido los impactos, las afectaciones y los embates de la confrontación armada entre paramilitares, guerrillas y agentes del Estado”, precisó.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), más de 320 cadáveres fueron arrojados por paramilitares a esta rio en un intento por no dejar rastro de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde 1982.
La magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Magdalena Medio, destacó, que esta decisión permite avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en el río.
“Hemos dictado una serie de órdenes a las instituciones públicas con competencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Queremos contribuir con ese proceso desde los poderes judiciales que tenemos”, dijo la magistrada Díaz.
En la socialización que se realizó en el Puerto Fluvial Yuma, en Barrancabermeja, Santander, confirmaron que ahora será obligación del Estado adoptar medidas concretas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y no repetición.
“Para asegurar el cumplimiento de estos deberes frente al medio ambiente, la Corte Constitucional, jueces en la justicia ordinaria y la JEP han considerado al medio ambiente como sujeto víctima y se han ordenado a su favor medidas de protección e, incluso, reparación”, dice la JEP.
Actualmente existen 48 informes en los que se habla de la omisión de miembros de la fuerza pública y la posible participación de funcionarios y contratistas de Ecopetrol en masacre y homicidios que cometieron los grupos paramilitares en Barrancabermeja, entre 1998 y el 2001.
