Justicia

Procuraduría solicita tumbar parte del decreto que toma medidas en temas de vivienda en el Catatumbo

Las autorizaciones para el uso del suelo no deben hacerse por medio del estado de conmoción interior.

Unas 180 personas provenientes de la región del Catatumbo habían sido reubicadas  por la ANT en la finca Las Palmas del municipio de Puerto Boyacá / Foto: Suministrada.

Unas 180 personas provenientes de la región del Catatumbo habían sido reubicadas por la ANT en la finca Las Palmas del municipio de Puerto Boyacá / Foto: Suministrada.

JUSTICIA

Se vence el plazo para que la Corte Constitucional decida sobre el decreto madre y los demás decretos expedidos en medio del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander y algunos municipios del Cesar.

Ad portas de que se realicen las ponencias de los magistrados, la Procuraduría empieza a enviar sus conceptos sobre esta conmoción.

En cuanto al decreto 121 que toma medidas en temas de agua, saneamiento básico y vivienda, el Ministerio Público pidió a la Corte, dejar en firme los artículos 1,2,3,6 y 7, y pidió tumbar los artículo 4 y 6.

¿Por qué la Procuraduría pide tumbar parte del decreto?

El artículo 4 de este decreto habla de la facultad que le da a alcaldes y gobernadores para hacer modificaciones en el uso del suelo o en las normas urbanísticas.

Para la Procuraduría, con esto se pretende brindar soluciones de vivienda a largo plazo, lo cual se contrapone a la necesidad de otorgar atención humanitaria inmediata a las víctimas de desplazamiento forzado.

Este punto del decreto fue calificado por el Ministerio Público como “problemático” ya que hay un POT que reglamenta estas medidas.

“Resultan problemáticas de cara a los principios democráticos contenidos en la Ley 388 de 1997, la cual incluye etapas de socialización y concertación con la comunidad e instancias institucionales en la elaboración del POT, así como respecto de la legislación ordinaria que contiene reglas orientadas a la garantía del derecho a la vivienda en condiciones de seguridad y dignidad, cuyo desconocimiento podría conllevar al riesgo", indicó Eljach.

Además, si bien se busca atender a las familias desplazadas no hay que modificar disposiciones del suelo pues en el decreto 117 se habla de usar hoteles y viviendas turísticas (18.000) para atender a estas personas.

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