Chiquita Brands: defensa de Víctor Henríquez niega vínculos con la financiación del paramilitarismo
Víctor Henríquez es uno de los diez vinculados en en el caso de Chiquita Brands, por presunta financiación del paramilitarismo en el Urabá.
Chiquita Brands. (Imagen referencial). Foto: Cortesía.
Mientras se desarrolla el juicio contra diez empresarios de Chiquita Brands, acusados de concierto para delinquir por presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la defensa de Víctor Henríquez —uno de los implicados—, el abogado Juan David Riveros, insistió en que su cliente no fue empleado de la multinacional bananera.
El abogado Riveros aseguró que su cliente tuvo relación con Banacol, que, según el jurista, “no es filial ni subsidiaria de Chiquita Brands”, contrario a lo que dice la Fiscalía y la Procuraduría.
De hecho, el jurista insistió en que, en once años, la Fiscalía General de la Nación, no ha encontrado pruebas que detallen que su defendido sabía que con el pago a las Convivir se estaba financiando el paramilitarismo en el Urabá antioqueño.
Entre tanto, el abogado Riveros insistió en que Banacol, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido con otras empresas de la región, incluso con Chiquita Brands, “nunca financió, nunca pagó, ni extorsiones, ni pagos voluntarios ni a las guerrillas ni a los paramilitares”.
Efectivamente Banacol, como lo hicieron muchas otras empresas del sector Bananero, contribuyó haciendo pagos a las empresas de servicios especiales de vigilancia y recibieron un servicio de seguridad en las fincas del Urabá.
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Durante esta última etapa del proceso, los abogados de los empresarios argumentaron que sus clientes fueron víctimas de extorsión por parte de las AUC y que los pagos se realizaron a través de las Convivir de manera legal y con registro en el sistema financiero.
También sostienen que, en aquel momento, no era de conocimiento público la relación entre estas cooperativas de seguridad y el paramilitarismo, aunque diversas pruebas han desmentido esa versión.
Críticas
El abogado Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, criticó la defensa de la multinacional y señaló que “no pueden decir que desconocían la relación entre las Convivir y los paramilitares, cuando en Urabá era un hecho notorio que estas cooperativas operaban como seguridad en el día y los paramilitares en la noche”.
El proceso, que lleva más de 18 años en curso, corre el riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre de 2025, si la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia no emite un fallo antes de esa fecha.
