Alcaldías serán vigiladas por servicio de alimentación que brindarán a personas privadas de libertad

A partir del próximo 30 de junio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suspenderá la prestación y suministro del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad recluidas en los Centros de Detención Transitoria. Es por esto que por disposición legal, en específico la Ley 2346 de 2024, esta responsabilidad tendrá que ser asumida por las alcaldías y gobernaciones.

En ese sentido, dentro de poco las administraciones locales deberán presentar sus planes de atención y cumplimiento a lo establecido por la Ley, para garantizar la atención de las personas privadas de la libertad que están recluidas en las estaciones de Policía y las URI del país

Por lo tanto, la Contraloría General y la Procuraduría General revelaron que harán seguimiento, control y la respectiva revisión de los planes presentados por las alcaldías y gobernaciones

No obstante, los dos órganos de control han solicitado a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho, comenzar a trabajar en los planes de implementación del servicio de alimentación enfocados en los Centros de Detención Transitoria para que sean entregados lo más pronto posible. Igualmente, les pidieron garantizar la continuidad de los mismos. Todo esto “en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo”.

Finalmente, la Contraloría General aseguró que durante este primer semestre del año se encuentran ejecutando una auditoría de cumplimiento a las 125 cárceles del país a los Centros de Detención Transitoria, Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y a la articulación del sector justicia para gestionar el sistema penitenciario y carcelario del país.