El contrabando de cigarrillos aumenta la inseguridad, financia el crimen y fortalece la corrupción

Colombia

El comercio ilícito de cigarrillos es una problemática transnacional con profundas afectaciones sociales y económicas. En Colombia, desde los últimos 10 años hemos visto como esta cifra aumenta: mientras en 2016 el comercio ilícito de cigarrillos llegaba al 13 % del total del mercado, en 2024 alcanzó por primera vez el 36 %, el pico más alto desde que inició la medición de INVAMER en 2011.

Para Silvia Barrero, Vicepresidente de Asuntos Externos para el Clúster Andino de Philip Morris International “las consecuencias del contrabando de cigarrillos son devastadoras: fomento al crimen organizado y financiación de prácticas delincuenciales como corrupción y narcotráfico; pérdidas billonarias para los departamentos en impuestos que deberían destinarse a salud y deporte, y finalmente, el fomento del mercado negro, en donde los contrabandistas, que hoy tienen el 36% del mercado de cigarrillos, no se preocupan si sus productos llegan a niños, niñas y adolescentes”.

Según cálculos de INVAMER, desde el año 2017 alrededor de 5,3 billones de pesos se han dejado de percibir por cuenta del contrabando, la mitad del presupuesto total de la ciudad de Medellín en 2024. Solo en 2024, se dejó de recaudar aproximadamente más de 1 billón de pesos por cuenta del contrabando de cigarrillos. Por otro lado, los contrabandistas siguen aumentando sus ganancias, pues algunos expertos calculan que la rentabilidad del contrabando de cigarrillos es del 700 % y en Colombia ingresan aproximadamente 420 contenedores de cigarrillos ilegales cada año. En pocas palabras, los cálculos de la ganancia ilícita del contrabando de cigarrillos son aproximadamente $250 millones de dólares cada año.

Este fenómeno afecta principalmente a las zonas rurales y a los estratos socioeconómicos más bajos, donde la diferencia de precios entre los cigarrillos legales e ilegales sigue siendo significativa, lo que impulsa la preferencia por los productos ilegales debido a su menor costo. Según INVAMER, en los estratos 1 y 2 el 42 % del consumo corresponde al mercado ilegal. “El precio es la razón principal por la cual los fumadores adultos prefieren el comercio ilegal. En promedio un cigarrillo ilegal es $6.569 más barato que uno legal. Por esto, un incremento desproporcionado de los impuestos al cigarrillo incrementa las brechas de precios, hace más atractiva la ilegalidad y, en consecuencia, acelera el contrabando”, puntualizó Barrero.

Reducir el comercio ilícito de cigarrillos es posible si existe un trabajo articulado entre el sector público y privado, bajo marcos impositivos técnicos que eviten desviaciones de mercado, y si se mantiene la efectividad en el control y la contundencia operativa. De lo contario nos exponemos a mayores niveles de inseguridad, menos recursos públicos y la inviabilidad de la industria legal.