Funcionaria en provisionalidad, en San Roque, se trasfería dineros del municipio a su cuenta
La Contraloría General de la Antioquia inició un proceso y la alcaldía radicó la denuncia.

Pagos de Jóvenes en Paz. Imagen vía Getty Images / Andrzej Rostek
San Roque, Antioquia
El alcalde de San Roque, Antioquia, Luis Alejandro Villegas reveló caso de corrupción dentro de la Administración Municipal, donde, al parecer, una funcionaria en provisionalidad se habría transferido sumas de dineros, durante cuatro años, desde la cuenta del municipio a la propia.
El alcalde explicó que, al iniciar su administración, se encontró con un déficit presupuestal y financiero del año 2023 que ascendía a aproximadamente 3 mil millones de pesos. Sin embargo, a finales de 2024, se descubrió que una funcionaria de la Secretaría de Hacienda estaba desviando fondos públicos a sus cuentas personales.
“En el mes de diciembre del año 2024 logramos evidenciar cómo una funcionaria que estaba en provisionalidad en la Secretaría de Hacienda hacía uso del recurso público para consignárselo a sus cuentas personales en entidades bancarias, donde rechazamos profundamente estas actuaciones de esta funcionaria”, detalló.
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Tras descubrir estas irregularidades, el 26 de diciembre de 2024, el alcalde, junto con la Secretaría de Hacienda y el abogado de la Administración Municipal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía. En una reunión con la funcionaria implicada, esta admitió haber desviado fondos municipales desde 2021 hasta 2023.
“Básicamente le preguntamos el por qué lo hacía y, tristemente, sanrocanos, tengo que contarles que, de una manera fría, de una manera sin dolor, nos contaba cómo desde la vigencia del año 2021, 22 y 23, venía realizando estas actividades, cogiendo el heraldo público, con lo cual el municipio de San Roque podría invertir en los adultos mayores, en el deporte, en la salud, en el mejoramiento de las vías terciarias para los campesinos, en el mejoramiento de proyectos productivos”, lamentó el alcalde.
Ante la gravedad del caso, en enero de 2025 la Administración Municipal contrató una auditoría forense, la cual confirmó que el desfalco se había extendido por varios años. Posteriormente, en febrero, se solicitó una auditoría especial a la Procuraduría y a la Contraloría General de Antioquia para esclarecer lo sucedido.