A dos exfuncionarias de la gobernación del Quindío, la Procuraduría les formuló pliego de cargos
Las investigaciones se habrían apropiado de 100 millones de pesos, según la Procuraduría
Edificio gobernación del Quindío. Foto: Caracol Radio
Armenia
Por presuntamente liquidarse valores mayores a los que debían devengar desde 2020 y hasta septiembre de 2023, y que suman más $100 millones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a las funcionarias de la Gobernación del Quindío, Sandra Milena Zuluaga Rincón y Ana Patricia Díaz Latorre.
Según la Procuraduría Regional Quindío las disciplinables, que ejercían como profesionales universitarias en la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío, habrían usado sus cargos para pagarse sumas adicionales por conceptos como bonificaciones por servicios prestados y salarios básicos asignados, para lo que aparentemente se valieron del acceso que tenían al aplicativo destinado para tal fin.
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Caso Sandra Milena Zuluaga Rincón
Aparentemente según el ministerio público, hay al menos 30 pagos injustificados o irregulares en el periodo comprendido entre junio de 2020 y el 27 de septiembre de 2023, con valores que ascenderían a más de $79 millones.
Caso Ana Patricia Díaz Latorre
La Procuraduría identificó 52 pagos irregulares que corresponden a un mayor valor pagado frente a la liquidación realizada, por un valor superior a los $45 millones, hechos que se dieron entre julio de 2021 y septiembre de 2023.
Procuraduría y posible alteración de información
En un segundo cargo, el ente de control les reprochó la posible alteración de información en el sistema oficial en el que se gestionan los procesos administrativos y la elaboración de la nómina, conducta que presuntamente les permitió ingresar los valores adicionales que depositaban en sus cuentas sin existir justificación alguna.
Calificación de la conducta
La Procuraduría calificó sus presuntas conductas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo, porque con el comportamiento referido las servidoras habrían presuntamente inobservado el principio de moralidad al que por sus roles estaban obligadas.
