Contraloría encontró presuntas irregularidades en la gestión de la ANT por $160 mil millones

La Contraloría General indicó que estableció hallazgos fiscales por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por $160 mil millones. Esta cifra estaría supuestamente relacionada con el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

La información revelada por esta entidad se centra en una auditoría que fue realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. En la investigación, la entidad se enfocó en revisar la actuación de la ANT en el período entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024.

De esta forma, la Contraloría logró 14 hallazgos administrativos. De estos, 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 tendrían presunto alcance fiscal. Por otra parte, detallaron que se realizó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, debido a las incongruencias en la información que presentó la ANT

De acuerdo a la Contraloría, el manejo irregular de los recursos pone en riesgo el éxito de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los fondos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas.

¿Qué fue lo que encontró la Contraloría?

La Contraloría explicó que encontró predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, así como ocupaciones ilegales de predios adquiridos, y retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas

Sobre los predios que fueron supuestamente comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, la Contraloría mencionó que encontraron adquisiciones de predios en varias regiones. Sin embargo, algunos de los suelos estarían clasificados como clase VII. Esto significa que no deben emplearse para cultivos o ganadería.

Igualmente, la Contraloría mencionó que estos predios representan, “más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.”

Lo preocupante, según el ente investigador, tiene que ver con que varios predios tienen humedales en un 30% de su superficie. Esto significa que no cumplen con las características ideales para las actividades agropecuarias.

Así lo explicó la entidad: “Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones que ascienden a $43.306 millones de pesos”

Mientras tanto, frente a las ocupaciones ilegales de los predios adquiridos, la Contraloría reveló que en la auditoria encontraron que por la falta de control y custodia adecuada, varios de los predios comprados que serían destinados para las comunidades campesinas fueron invadidos. “La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad”, agregó el ente de control.

Por último, el ente de control evidenció importantes retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas. Tal como lo aclaró, algunos de los predios que fueron adquiridos no se entregaron de forma oportuna. En consecuencia, esto afecta “la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales. Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.”

Finalmente, la Contraloría detalló que de 205 predios disponibles, solo el 12,2% se entregaron a los campesinos, un 5,3% a comunidades indígenas y apenas el 1% a comunidades negras. “Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.”

También resaltó que el proceder de la ANT afecta el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. En consecuencia, habría presunto detrimento de los recursos públicos, que alcanzan los $110.322 millones de pesos.