El ABC del decreto que busca agilizar inversión en El Catatumbo
Estas son las condiciones que establece el decreto del DNP para “invertir” en esa zona que permanece en crisis por la de violencia que desató el ELN
AME3159. CÚCUTA (COLOMBIA), 21/01/2025.- Desplazados por la violencia en el Catatumbo son registrados para recibir ayudas este martes, en Cúcuta (Colombia). El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, William Villamizar, declaró "una emergencia social y económica" en esa región del noreste del país debido a la crisis humanitaria causada por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo (norteste). EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo (EFE)
ECCONOMÍA
Esta semana el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, expidió el decreto 0131 de 2025 que establece condiciones especiales para la asignación de recursos del Sistema General de Regalías de las fuentes Asignación Paz, Regional y ambiental en El Catatumbo.
El DNP dice que, en respuesta a la crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo se buscan “soluciones rápidas y efectivas a las comunidades afectadas”.
¿Qué medidas establece ese decreto?
Serán agilizados los tiempos de formulación, viabilidad y priorización financiados con recursos de asignación para la inversión regional; asignación para la paz y asignación ambiental.
Proyectos que se pueden financiar con los recursos de las regalías a través de ese decreto, aparece educación; agricultura; salud; infraestructura; saneamiento básico y energía eléctrica.
Para agilizar la aprobación de esos proyectos se reducen los tiempos y de manera provisional se suspende las convocatorias públicas obligatorias para presentar proyectos de inversión a OCAD Paz y al Minambiente. Es decir, ahora, con este decreto, los proyectos podrán ser presentados directamente sin necesidad de una convocatoria pública.
Actualmente se encuentran en trámite de 63 proyectos de inversión que suman un valor aproximado de $633 mil millones, se identificó que la mayor parte son de aprobación directa por las entidades territoriales
