¿Puede ser ‘Epa Colombia’ gestora de paz? Explicación jurídica tras la petición de su defensa
Tras conocerse la condena de 5 años y 3 meses, su abogado aseguró que le iban a enviar esa petición al presidente Gustavo Petro
Daneidy Barrera | Foto: Colprensa
Bogotá
Una vez la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 5 años y 3 meses de prisión para Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ por vandalizar una estación de Transmilenio en el año 2019, su abogado defensor anunció que solicitará una reunión con el presidente Gustavo Petro para que considere nombrarla gestora de paz. Pero dicha petición por ley no procede, porque esta figura tiene unos requisitos específicos para que se pueda dar esa designación.
La figura jurídica de gestor de paz, está contemplada en el artículo 61 de la Ley 975 de 2005 y ha sido reglamentada mediante los decretos 614 de 2009 y 1175 de 2016. Según este marco jurídico, los gestores de paz deben propiciar acuerdos humanitarios, contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, estructurar procesos de paz y diseñar estrategias para acercamientos con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.
Con base en el marco jurídico vigente, no existe un requisito legal adicional para que el presidente Gustavo Petro otorgue la calidad de gestor de paz, en consecuencia, no hay un conjunto de criterios previamente establecidos para dicha designación, sino que esto depende de una valoración presidencial, fundamentada en la constitución y la ley que otorga al presidente la función de mantener y restablecer el orden público.
Por ello, teniendo en cuenta la ley, la petición que hace Omar Ocampo, abogado defensor de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ para que sea nombrada gestora de paz, no procede por ninguna circunstancia.
En este sentido, para cumplir con esta tarea, el presidente puede desarrollar diálogos de paz, que es uno de los mecanismos constitucionales preferentes para este fin.
Por lo tanto, es el presidente quien tiene la facultad exclusiva de discernir en qué casos el otorgamiento de la figura de gestor de paz contribuye efectivamente a la superación de alteraciones del orden público y, por ende, a la consecución de la paz.
