Procuraduría y CAR anuncian sanciones por destrucción de frailejones en Saboyá
La Procuraduría y la CAR ordenaron la suspensión de actividades en el predio donde fueron destruidos 247 frailejones, iniciaron investigaciones y anunciaron sanciones que incluyen multas millonarias y posibles penas de cárcel para los responsables.

La Procuraduría y la CAR ordenaron la suspensión de actividades en el predio donde fueron destruidos 247 frailejones.
Saboyá
Tras la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en la vereda Monte de Luz del municipio de Saboyá, Boyacá, donde se reportó la destrucción de 247 frailejones en la Reserva Forestal Protectora Páramos de Telecom y Merchán, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Tunja solicitó la materialización de una medida preventiva para proteger este ecosistema estratégico.
La CAR, mediante resolución, ordenó la suspensión inmediata de toda actividad que implique la intervención de plantas nativas o daño a los recursos naturales en el predio afectado. En el procedimiento participaron funcionarios de la dirección regional Chiquinquirá, la alcaldía de Saboyá, la Personería y la Policía de Carabineros y Recursos Naturales, quienes formalizaron la medida directamente ante el propietario del terreno.
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El director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yiber González, enfatizó en la gravedad del caso: “Respetamos el derecho al trabajo, pero no a costa de un daño ambiental que afecta los derechos colectivos de toda la comunidad que depende del agua y demás servicios ambientales que presta el páramo”.
Adicionalmente, la Gobernación de Boyacá y la alcaldía de Saboyá realizaron una mesa de trabajo junto con la CAR para definir acciones de corto plazo enfocadas en la protección de los ecosistemas altoandinos de la región, con un enfoque coordinado desde las competencias de cada entidad.
Por su parte, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, anunció la creación de un equipo especializado para investigar este caso y confirmó que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Las sanciones previstas incluyen posibles multas superiores a $500 millones y penas privativas de la libertad superiores a cinco años, de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
Este caso subraya la urgencia de proteger los páramos, fuentes vitales de agua y biodiversidad, frente a actividades que atentan contra su equilibrio ecológico y la sostenibilidad de las comunidades dependientes.