Procuraduría sanciona a exdirectores y custodios de la Cárcel de Tuluá por la muerte de 56 reclusos
El ministerio público afirma que los funcionarios debían imponer medidas más estrictas para evitar las riñas que llevaron a que se presentara el incendio.
Hacía las dos de la mañana de este martes 28 de junio, se presentó el incendio en la cárcel de Tuluá. / Foto Caracol Radio
Colombia
La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a varios funcionarios del sistema penitenciario de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, Valle del Cauca, por su responsabilidad en los hechos ocurridos en junio de 2022, cuando un incendio en el establecimiento cobró la vida de 56 personas privadas de la libertad.
La sanción de primera instancia incluye la suspensión del ejercicio del cargo por 11 meses al entonces director (e) del centro penitenciario, Arely Julián Fernández Torres, y la suspensión por 9 meses para Javier de Jesús Orozco Gómez, comandante de vigilancia, y los dragoneantes Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín. Las decisiones se toman en el marco de la investigación por la muerte de los reclusos y las omisiones en el manejo de la situación dentro de la cárcel.
Causas del incendio y responsabilidades
Según la investigación disciplinaria, el incendio fue desencadenado por una riña entre detenidos que disputaban el control del microtráfico en el patio 8 de la cárcel. Este enfrentamiento resultó en el trágico evento que causó la muerte de 56 internos, quienes no pudieron ser evacuados a tiempo debido a las condiciones de seguridad y control deficientes dentro del establecimiento.
La Procuraduría encontró que, a pesar de la gestión de Fernández Torres en la asignación de más personal de vigilancia, el entonces director no implementó las medidas necesarias para garantizar la disciplina y el orden dentro del penal, particularmente en lo que respecta a los conflictos entre grupos delincuenciales.
El ente de control disciplinario señaló que las disputas entre los líderes de los combos criminales en la cárcel eran constantes y requerían de medidas más estrictas para evitar hechos violentos como el que ocurrió.
En cuanto a los otros funcionarios sancionados, la Procuraduría determinó que el teniente de Prisiones, Orozco Gómez, y los dragoneantes Cruz Arredondo y Marín Marín fueron responsables por omisión en sus funciones.
La falta de medidas de seguridad, orden y vigilancia en el establecimiento, junto con la omisión de los protocolos de control, contribuyó directamente al desarrollo de la riña y al posterior incendio que cobró tantas vidas.
Las faltas cometidas por los funcionarios fueron calificadas como graves, con culpa grave, ya que no se cumplieron con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad, lo que culminó en una tragedia de magnitudes significativas.
Posibilidad de apelación de la sentencia
La decisión de primera instancia contra los funcionarios sancionados aún puede ser apelada. En este caso, procede un recurso ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento, la cual revisará la resolución tomada por la Procuraduría.
