Corte ordena al Gobierno crear una política pública para abordar salud mental en cárceles
El Alto Tribunal aseguró que hay graves vulneraciones de derechos humanos contra esta población.
24 años de prisión para pastor de una iglesia en Cartagena por abuso sexual / Álvaro Tavera
JUSTICIA
La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó la situación de las personas privadas de la libertad, condenadas y procesadas que están en situación de discapacidad psicosocial o mental. El análisis se hizo a raíz de la tutela de Milena, una mujer que está en la cárcel pese a que un juez pidió que cumpliera su condena en un establecimiento de salud mental.
Con este hecho, el alto tribunal encontró una vulneración estructural de los derechos fundamentales pues identificó que el Estado no está ofreciendo una respuesta normativa e institucional adecuada en la garantía del acceso digno, continuo y respetuoso a servicios de salud mental.
“En cuanto a esta situación estructural, la Corte también evidenció la existencia de un déficit de información pública que impide determinar la magnitud de la problemática que enfrentan las personas privadas de la libertad en situación de discapacidad psicosocial y que impide avanzar en alternativas de política idóneas”,indicó la Corte.
Asimismo, la Corte declaró que existe un déficit de protección constitucional, que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad y exclusión, y afecta gravemente sus derechos a la salud, la integridad personal y a la dignidad.
Por último, la Sala Plena ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal que valore a la accionante por la especialidad de psiquiatría para determinar si, en consideración a su solicitud, la recomendación debe ser la de ordenar la medida de aseguramiento de internamiento en establecimiento psiquiátrico.
