La Asamblea aprobó el impuesto para la seguridad pese a los múltiples reparos que tenía

Antioquia

Este miércoles en la tarde quedó aprobado en segundo debate ‘la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana’ propuesta por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y con el cual mediante el Proyecto de Ordenanza 059 de 2024 pretende recaudar más de un billón de pesos mediante la cuenta de servicios públicos para reforzar la seguridad en el departamento.

La votación quedó así: 14 diputados dijeron sí y 10 estuvieron en desacuerdo con la iniciativa, dos no votaron Luis Peláez y Rogelio Zapata.

Este proyecto ha tenido múltiples voces de rechazo tanto del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez como de los diferentes gremios empresariales, incluido Fenalco Antioquia, quienes manifestaron estar lo suficientemente asfixiados con los impuestos para sumarle uno más solicitaban buscar otras alternativas de recaudo. Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder del partido Político Centro Democrático, el mismo del gobernador, había solicitado mediante su cuenta de X que se buscara un consenso entre el alcalde y el gobernador con el tema, debido a sus posiciones encontradas.

“Por favor estamos ante dos realidades: necesidades urgentes en materia de seguridad, como lo dice el Gobernador, por otro lado, los contribuyentes muy recargados. Por favor busquen un acuerdo, el Gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico y los gremios que representan a quienes pagarían la sobretasa”, manifestó.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez quien también es el presidente de la Junta Directiva de EPM, una vez conoció la noticia se manifestó a través de la misma red social X en la que calificó como lamentable la decisión de los Diputados que aprobaron el proyecto de acuerdo “Desde EPM NO haremos dicho cobro a ciudadanos y empresas. Es inconveniente que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa. Frente a las necesidades de seguridad, comparto la preocupación. El Gobierno Nacional debe fortalecer el presupuesto para nuestra fuerza pública”.

Pese a todos estos llamados de buscar alternativas y consensos que no afecten la economía de las empresas y los habitantes de los estratos 4, 5 y 6 la iniciativa se aprobó.

¿Cómo votaron los disputados?

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Reacciones

El Diputado Luis Peláez, quien fue uno de los dos que no votaron, pero que está en desacuerdo, manifestó que este proyecto se acordó sin escuchar las posiciones de los gremios y del mismo alcalde Gutiérrez, incluso a algunos diputados. Aseguró que el mandatario seccional ‘aplicó su mayoría y su aplanadora política’. El señor Peláez dijo que no participó del debate porque ese proyecto tiene vicios de nulidad.

“Tiene posibles ilegalidades y bueno hasta el día de hoy, pues hay una admisión de una tutela que esperamos tenga resultados favorables, pero si los tienen en contra, pues ya también anunciamos una acción de nulidad. Yo creo que a este tema de la sobretasa van a ser varios momentos, varias situaciones, varios round y bueno en este sentido, pues hoy celebra el gobernador de Antioquia que le ha puesto un impuesto más a la clase media de Antioquia, a la clase comercial de Antioquia y a la clase oficial”.

Mientras que María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, recalcó que no están en desacuerdo con reforzar la seguridad y reconoce que el departamento está atravesando una situación compleja, pero si cuestiona la fuente de los recursos que es a costa de los hogares y los empresarios antioqueños.

“Esta ordenanza es sumamente nociva para la competitividad y la sostenibilidad del departamento y de las empresas. Lo hemos expresado, lo hemos conversado con el gobernador, con la secretaria de Hacienda, con los diferentes diputados. Desde Fenalco radicamos un documento técnico frente a la Asamblea para que vieran todas las implicaciones que puede tener este nefasto proyecto de ordenanza”.

De otro lado el Diputado Luis Gabriel Gómez, ponente del proyecto de ordenanza aprobado, como es natural defendió la iniciativa y solicitó a los antioqueños a los que se le aplicará el cobro un “sacrificio temporal de tres años” asegura que la intención en modernizar y traer tecnología para la fuerza pública.

“La tasa de seguridad está planteada por consumo en kilovatios. Del 92% de los comerciantes, el 75% no estaría pagando más de 122 mil pesos al mes y el 29% aproximadamente estarían alrededor de 427 mil pesos. Es decir, aparte de que exoneramos los estratos 1, 2 y 3, pensamos con la proposición que se presentó y que fue aprobada por la Asamblea, que los comerciantes y los industriales que no consuman, entre los topes que establece la proposición y que fue incorporada al proyecto de ordenanza, cobros excesivos”.

De otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, destacó la necesidad de reforzar la seguridad, según él, es la que permite impulsar la empresa y el desarrollo del departamento y defiende la necesidad de recaudar 1.2 billones de pesos por medio de la factura de energía.

“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes si no podemos disfrutarlos por la inseguridad? ¿Cuánto vale un negocio con vacuna? ¿Para qué fomentar emprendimientos si los combos los extorsionan? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella. Lo viví en Río Negro y lo reconoció el país entero con el llamado Impuesto al Patrimonio. Fueron los mejores años para los comerciantes, para el desarrollo”.

Agrega con la iniciativa, ningún empresario pequeño o agrandé tendrá que cerrar los negocios porque se podrá generar mayor empleo y agradecido a los diputados que votaron positivo.

La Asamblea

Desde la asamblea departamental informaron que la ANDI radicó una proposición que ponía topes máximos de consumo mensual con 500 mil kWh al mes, sector comercial y oficial con un tope liquidado al mes hasta de 70 mil kWh.

“Con este proyecto, los suscriptores residenciales de estratos 4, 5 y 6 aportarían $80 por kWh al mes; que serían aproximadamente15 mil pesos mensuales. El 62% de los comercios que consumen aprox. 400 kWh pagarían $28 mil mensuales, el 75% del sector industrial no pagaría más de $130 mil. Esta tasa de seguridad y convivencia pretende recaudar, pero cuidar la competitividad y a los pequeños comerciantes del departamento”, agregó en un comunicado la duma Departamental.

Así las cosas y luego de más de 8 horas de debate, la polémica propuesta quedó aprobada.