En 2024, las amenazas a líderes sociales han incrementado en un 192% en Antioquia

Antioquia

Este año, 38 líderes y lideresas del departamento de Antioquia han denunciado ser víctimas de amenaza, superando en un 192% los 13 casos atendidos en 2023, de acuerdo a la Gobernación de Antioquia. De las intimidaciones a los defensores de derechos humanos en el departamento, 24 casos han terminado en homicidio, según el registro de enero a octubre de la Comisión Colombiana de Juristas.

La cifra puso en alerta a la administración seccional, que señaló que, para luchar contra la problemática, aplica un mecanismo de prevención en 43 municipios afectados, pero además una ruta de atención que incluye un auxilio económico temporal de hasta tres meses y el acompañamiento de un equipo profesional que evalúa las condiciones de riesgo. Durante este periodo, los casos son remitidos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que determina las medidas definitivas de ayuda para cada líder amenazado.

“También estamos trabajando fortalecimiento institucional con las alcaldías para que ellos también puedan aplicar esas rutas en cada uno de sus municipios. Aparte de eso estamos ya próximos a dar unas dotaciones para esos refugios humanitarios donde llegan nuestros líderes cuando son amenazados. Asimismo, este proyecto si bien es cierto se está ejecutando en este momento continuaremos el próximo año en otros 39 municipios del departamento”, explicó María Patricia Giraldo Ramírez, secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia.

Denuncian falta de garantías

No obstante, la Colectiva Justicia Mujer denunció que estos hechos reflejan la insuficiencia de las estrategias actuales para el ejercicio de los derechos de líderes y lideresas, pues que de las 143 violaciones al derecho de la vida de personas defensoras de derechos en Colombia, el 16% han ocurrido en el territorio antioqueño.

“Se está evidenciando que es el lugar con menores garantías para el ejercicio de esta labor. Se necesita que podamos humanizar y reconocer que esta es una labor constitucional, determinante y necesaria para el bienestar de todas las personas en el país”, puntualizó Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora Corporación Colectiva Justicia Mujer.

Por esto, desde el colectivo se propuso la cartilla: “Defensoras ¡Feminismos para protegernos!”, una herramienta pedagógica, donde las lideresas, activistas y defensoras, sean dignificadas desde su labor, se destaquen los procesos colectivos en sus territorios y se derriben los estereotipos de género sobre sus acciones.

A pesar de los esfuerzos por mitigar las amenazas, para la organización, el panorama exige acciones más contundentes para frenar la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos humanos en Antioquia, mientras que la Gobernación reiteró su rechazo a las amenazas y su compromiso con la protección de esta población.