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Graves denuncias sobre la PTAR de Aquitania: deterioro, fallas y posible detrimento

Diputado Carlos Torres alerta sobre deterioro y posibles irregularidades en la PTAR de Aquitania

Denuncian deterioro e irregularidades en la PTAR de Aquitania: posible detrimento de $3.500 millones

Denuncian deterioro e irregularidades en la PTAR de Aquitania: posible detrimento de $3.500 millones

Aquitania

El diputado Carlos Torres, en una intervención ante la Asamblea Departamental de Boyacá, denunció el preocupante estado de deterioro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Aquitania, así como irregularidades en su ejecución y operación. Según el legislador, la obra, que fue iniciada hace cinco años y debía estar funcionando plenamente, no cumple con los estándares requeridos y actualmente está bajo la lupa de la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial de 3.500 millones de pesos.

“La PTAR presenta grietas visibles y graves fallas constructivas que evidencian un deterioro significativo, pese a haberse construido hace solo cinco años. Además, carece de un conector clave para manejar un amplio caudal de aguas residuales del municipio, un elemento que inexplicablemente quedó fuera del contrato inicial”, afirmó Torres.

El diputado también cuestionó las recientes decisiones de la Gobernación de Boyacá, que anunció una adición de 350 millones de pesos al proyecto con el propósito de poner en funcionamiento la planta en diciembre de este año. Sin embargo, Torres advirtió: “En su estado actual, la PTAR no funciona como una planta de tratamiento, sino como un simple desarenador. Es inadmisible que se inauguren obras sin que estén listas para cumplir con su propósito”.

Un proyecto regional en crisis

Torres recordó que esta planta es parte de un proyecto de impacto regional, concebido para tratar las aguas residuales de Aquitania y evitar la contaminación del lago de Tota, un recurso hídrico vital para Boyacá y Colombia. Además, señaló que su funcionamiento adecuado es crucial para garantizar la calidad del agua en Sogamoso y otros seis municipios que dependen de este recurso.

“Lo que se está haciendo no solo afecta a Aquitania, sino a toda la región. Es un problema ambiental y social de gran magnitud. El lago de Tota es el sustento de miles de familias y un símbolo de nuestra riqueza natural. No podemos permitir que decisiones mal planeadas pongan en riesgo este ecosistema estratégico”, subrayó Torres.

Observaciones de la Contraloría

El informe de la Contraloría General de la República, citado por el diputado, señala deficiencias en la gestión del proyecto, incumplimientos en los objetivos de los planes departamentales de agua y posibles irregularidades administrativas. “El contratista entregó una obra incompleta y deteriorada, que además requiere reparaciones costosas. Ahora se pretende adicionar 3.000 millones de pesos más para intentar salvarla, lo cual genera serios cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos”, indicó.

La postura de la Alcaldía de Aquitania

En cuanto a la posición de la Alcaldía de Aquitania, Torres mencionó que las autoridades locales han sido críticas frente a la situación y no estarían dispuestas a recibir la obra en su estado actual. “Es increíble que pretendan inaugurar una planta sin los elementos técnicos necesarios para su funcionamiento. Hasta donde sé, la Alcaldía no aceptará la entrega de algo que no cumple con los requerimientos mínimos”, aseguró.

El diputado cuestionó la decisión del secretario de Ambiente, Dr. Medrano, quien en una audiencia pública en Sogamoso afirmó que la PTAR sería inaugurada en diciembre de este año. Torres calificó este anuncio como prematuro e irresponsable. “No se puede inaugurar una obra que está bajo investigación y que claramente no está lista. Es una ofensa para los habitantes de Aquitania y para toda la provincia de Sugamuxi”, declaró.

Finalmente, Torres hizo un llamado a la Gobernación de Boyacá y a los entes de control para que actúen con responsabilidad y transparencia. “El informe de la Contraloría no puede ser ignorado. Es indispensable tomar medidas correctivas antes de comprometer más recursos públicos en un proyecto que no está cumpliendo su función. La protección del lago de Tota y el bienestar de las comunidades que dependen de este recurso deben ser prioridades”, concluyó.

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