Bancada de Creemos declaró oposición a impuesto de seguridad del gobernador de Antioquia
Según el comunicado, esta medida no es jurídicamente viable y podría generar graves impactos económicos en Antioquia.
Antioquia
La bancada de Creemos en Antioquia manifestó su oposición a la implementación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, incluida en el Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024, propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón. Según el comunicado, esta medida, que busca financiar la seguridad en el departamento a través de la factura de servicios públicos de EPM, no es jurídicamente viable y podría generar graves impactos económicos en Antioquia.
Según se destacó en el comunicado, la advertencia de EPM sobre la vulneración del principio de legalidad tributaria al facturar y recaudar este tipo de obligaciones, podría derivar en la nulidad del proyecto. Además, agregaron que la ciudadanía y los empresarios no están en condiciones de asumir más cargas impositivas, especialmente en el contexto económico actual del país.
“Antioquia, históricamente, se ha destacado por una sólida cultura de pago, reflejada en el cumplimiento responsable de las obligaciones por parte de sus ciudadanos, empresarios y comerciantes. Este hecho ha sido un pilar fundamental para garantizar la estabilidad económica, atraer inversiones y fortalecer la confianza en el sistema financiero regional. Sin embargo, la implementación de una tasa destinada a la seguridad, y por ende el encarecimiento en el costo de los servicios públicos, pondría en serio riesgo la estabilidad y el progreso de Antioquia”, indicó el comunicado.
Entre las preocupaciones mencionadas por Creemos, está también el posible racionamiento energético en los próximos meses, lo que, sumado al encarecimiento de la energía, agravaría la situación económica de los antioqueños. Por ello, enfatizaron que los servicios públicos no deben ser utilizados como mecanismos de recaudo.
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Propuestas alternativas para fortalecer la seguridad en Antioquia
En lugar de la tasa especial, la bancada planteó una serie de alternativas para financiar acciones de seguridad y convivencia sin imponer nuevas cargas tributarias:
- Modelo de obras por impuestos: En coordinación con empresas como EPM, destinar hasta el 50% del impuesto de renta de las empresas para recaudar más de $300.000 millones al año, beneficiando a los municipios PDET y ZOMAC de Antioquia.
- Articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Aprovechar los $150.000 millones aprobados por su presidente, Federico Gutiérrez, para proyectos de seguridad en la región.
- Alianzas público-privadas (APP): Promover la construcción y operación de una nueva cárcel departamental, con una inversión de $194.000 millones.
- Venta de activos improductivos: Según la Ordenanza No. 15 de julio de 2024, destinar el 85% de los ingresos obtenidos para financiar inversiones prioritarias en seguridad.
- Reestructuración del Proyecto de Ordenanza No. 60: Asegurar la viabilidad y enfoque estratégico de un empréstito de $1.6 billones.
Finalmente, Creemos reafirmó su compromiso de representar los intereses de los antioqueños con integridad y responsabilidad, destacando que la seguridad debe ser una prioridad, “pero no a costa de sacrificar la estabilidad económica de los ciudadanos y empresarios”.