Registrador Hernán Penagos exige a funcionarios del Gobierno respeto por la entidad

El pasado viernes 8 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) imputó cargos a nueve funcionarios la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), que presuntamente se habrían negado a dar información durante las visitas administrativas realizadas por la institución. Esto en el marco del “cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal”.

Estos requerimientos generaron una tensión entre la SIC y la Registraduría, ya que según argumentó el registrador Hernán Penagos, la Superintendencia se extralimitó en la inspección y en el ejercicio de sus funciones frente a una entidad autónoma e independiente.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el registrador Nacional explicó que en las visitas administrativas que realizó la SIC los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo del presente año, se hizo entrega de “cientos de datos” relacionados con información contractual de la entidad, inclusive las hojas de vida de los funcionarios de la administración pasada.

No obstante, comentó que durante la inspección la SIC solicitó información sensible relacionada con registros civiles y censos electorales. Además, pidió acceso al celular de un funcionario de informática de la RNEC. Frente a esto, la Registraduría señaló que necesitaba orden judicial e invitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para acompañar el proceso administrativo:

“La visita de la SIC no contó con un acto administrativo”

“La Procuraduría los acompañó y con ocasión de ese acompañamiento, el 19 de marzo les abre un proceso a los funcionarios de la Superintendencia, abro comillas, “por irregularidades en la visita”. Según el comunicado de la PGN, “el órgano de control encontró que la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal, entre otras irregularidades”.

Dijo también que, la visita de la SIC no contó con un acto administrativo que la motivara, y las pruebas fueron tomadas por contratistas de prestación de servicios y no por funcionarios públicos:

“No lo estamos diciendo nosotros, hay una investigación contra esos funcionarios. Primero, porque se extralimitaron en sus funciones. Segundo, porque funcionarios, por ejemplo, por contrato, quisieron tomarle juramento e interrogar a los funcionarios. Tercero porque ni siquiera se hicieron esas diligencias con abogados. A muchos de ellos los entrevistaron por horas, toda la información contractual a detalle incluyendo, hojas de vida de los funcionarios está al servicio de la Superintendencia. La misma Procuraduría señaló que no existía una resolución donde se decretaban las pruebas, sino que los funcionarios en la medida en que iban haciendo la visita, pues lo que se les venía ocurriendo lo iban solicitando, por eso están investigados en una investigación disciplinaria”.

“Nosotros estamos listos para cualquier investigación”

El registrador Penagos dijo que, “hace tres días o cuatro nos enteramos que hay posibilidad de que sancionen a funcionarios directivos por ocasión de esa visita. A usted le parece razonable que en la medida en que hubo una visita en marzo que la Procuraduría la acompañó y que les abrió proceso por irregularidades en la visita, hoy quieran sancionar a los funcionarios que fueron objeto de esa visita, eso no es razonable, eso no es sensato y no se compadece con un Estado social de Derecho como el nuestro”.

En ese sentido, aclaró que la Registraduría ha entregado casi la totalidad de la información y entregará toda la que necesite, siempre y cuando haya una visita razonable de entidades y órganos de control correspondientes.

El funcionario recordó que, los manuales de buenas prácticas electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Comisión de Venecia y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que hace parte de Colombia “dice claramente que los órganos electorales deben ser independientes y no pueden estar sometidos a injerencias gubernamentales. Váyanse a México, a Chile, a Argentina, a ver si ocurre una situación de esta naturaleza. Nunca ha ocurrido en Colombia luego eso no es razonable.

“Nosotros estamos listos para cualquier investigación, pero de los órganos que corresponden la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía y allá iremos, como en estos días que se presentó una denuncia de esa naturaleza, pero un órgano del Gobierno no debe investigar a un órgano electoral”, aseveró el registrador Nacional.