Crisis por lluvias en Colombia: ¿Qué es la emergencia de desastre y cómo se declara?

El presidente Gustavo Petro declaró la Emergencia de Desastre Nacional, una medida extraordinaria para enfrentar los efectos devastadores de las intensas lluvias que han azotado distintas regiones de Colombia, afectando especialmente al Chocó, Bogotá y la Alta Guajira. Esta figura jurídica, respaldada por la Ley 1523 de 2012 (Ley de Gestión del Riesgo de Desastres), permite al Estado movilizar recursos y tomar acciones urgentes para mitigar los efectos de la crisis, proteger a las comunidades afectadas y reparar los daños causados.

La Emergencia de Desastre es una figura legal que el Presidente de la República puede declarar cuando eventos naturales o antrópicos generan graves afectaciones en diferentes sectores del país y superan la capacidad de respuesta de las autoridades locales y regionales. Según el artículo 55 de la Ley 1523, para que se declare una Emergencia de Desastre, el gobierno debe presentar evidencia de afectaciones significativas, como pérdidas de vidas humanas, daños a infraestructuras, y perturbaciones en el orden social y económico.

Para formalizar esta declaración, el Presidente emite un decreto en el que se describe el alcance de la emergencia, las zonas afectadas, y los mecanismos que se habilitarán para atender la situación. La medida habilita al gobierno a utilizar recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y, de ser necesario, a gestionar recursos adicionales. Además, se pueden coordinar ayudas nacionales e internacionales, reubicar a poblaciones en riesgo, y priorizar proyectos de infraestructura y servicios públicos en las zonas afectadas.

Alcances y Medidas Disponibles Durante la Emergencia

Una vez declarada la Emergencia de Desastre, el gobierno puede realizar las siguientes acciones:

• Movilización de Recursos Financieros: La declaratoria permite el acceso prioritario a los recursos del FNGRD y autoriza al gobierno a reasignar recursos de otras áreas para atender la crisis. Esto implica la aceleración en la ejecución de fondos públicos para obras de emergencia, ayudas humanitarias y la rehabilitación de infraestructura.
• Contratación Directa: La Ley 1523 autoriza la contratación directa para agilizar la adquisición de bienes y servicios necesarios, omitiendo procesos licitatorios que podrían retardar la respuesta. Esto incluye la compra de insumos como alimentos, medicamentos, maquinaria para despeje de vías y reconstrucción de infraestructuras esenciales.
• Intervención y Reubicación de Comunidades: El gobierno puede ordenar la reubicación temporal o permanente de comunidades en zonas de alto riesgo para proteger la vida de los habitantes y evitar nuevas tragedias. También permite la instalación de albergues y refugios temporales en zonas seguras para la población desplazada por las lluvias.
• Manejo de Ayudas Humanitarias y Materiales: La emergencia autoriza la distribución inmediata de alimentos, agua potable, medicamentos, kits de aseo, y otros bienes básicos para los damnificados, facilitando la coordinación entre instituciones estatales, ONGs, y organismos internacionales que colaboren con ayudas.
• Suspensión Temporal de Ciertas Normas: La declaratoria permite al gobierno suspender temporalmente ciertas normativas que obstaculicen las medidas de emergencia, como trámites de carácter ambiental o de uso de suelos, en la medida en que faciliten la atención de la población afectada.

Próximos Pasos

Con la declaratoria de Emergencia de Desastre, el gobierno ahora trabaja en la implementación de un plan de acción integral para socorrer a las comunidades afectadas y mitigar el impacto de la temporada de lluvias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinará estas acciones, brindando apoyo a los gobiernos locales en la ejecución de las medidas y asegurando que las ayudas lleguen con rapidez y eficiencia a los damnificados. Además, se espera que el gobierno adopte medidas preventivas y de fortalecimiento en infraestructura para enfrentar futuros eventos climáticos extremos, protegiendo la vida y bienes de los colombianos en el largo plazo.