Los contralores territoriales de la región del Caribe emitieron una alerta sobre las graves consecuencias de la decisión del agente interventor de A-ire, Carlos Diago, de excluir el cobro del impuesto al servicio de alumbrado público, la tasa de seguridad ciudadana y el servicio de aseo de las facturas de energía.

Yadira Morales, contralora del Atlántico hizo un llamado al agente interventor y al superintendente de servicios públicos domiciliarios para que sea reconsiderada esta medida.

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“Tenemos una preocupación, sobre todo por la forma como él (Carlos Diago) pretende hacer valer esta decisión, desconociendo que existen canales legales”, precisó la contralora Morales.

Consecuencias de las medidas, según contralores

Desfinanciación del servicio de alumbrado público: Se desfinanciará el servicio de alumbrado público, poniendo en riesgo su continuidad, la cual contribuye de manera crucial a la seguridad ciudadana en los municipios. La oscuridad en los espacios públicos es un factor de inseguridad que puede afectar la tranquilidad y bienestar de las comunidades.

Impacto en el turismo: La falta de alumbrado adecuado afectará el turismo, un renglón importante en gran parte de la Costa Caribe, la iluminación insuficiente en áreas turísticas puede disuadir a los visitantes y afectar la percepción de seguridad, lo que repercute negativamente en las economías locales.

Generación de traumatismos en el recaudo: Al generar un traumatismo al recaudo se incrementará dramáticamente la cartera del impuesto, dejando a los municipios sin un mecanismo eficaz de cobro. Esto, a su vez, incrementará la cartera de este servicio, ya que la única fuente de pago de la energía empleada en el servicio de alumbrado público es precisamente, este impuesto.

Impacto en las finanzas de AIR-E SAS ESP: Al no poder descontar el costo de la energía consumida por el servicio de alumbrado público, AIR-E se verá afectada, incrementando la cartera por este concepto y dificultando su gestión financiera, agravando aún más la crisis financiera que motivó su intervención.

Detrimentos patrimoniales: Esta medida podría causar detrimentos patrimoniales no solo a los municipios como sujetos activos del impuesto de alumbrado público, dado que el incremento de la cartera, alguien la tiene que pagar.

Incumplimiento injustificado de varios mandatos legales: La omisión en el cumplimiento injustificado del artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 en el caso del cobro del IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, del artículo 147 de la Ley 142 de 1994 en el caso del Aseo [según la cual cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado], por parte del agente interventor, le haría incurrir en un prevaricato por omisión, al desatender dichos deberes legales claros y específicos.

Cabe mencionar que los contralores se reunirán este lunes en Barranquilla para tomar medidas al respecto.