La Contraloría de Cundinamarca aseguró $154 mil millones para inversión pública
El restablecimiento temprano de los recursos es de vital importancia durante la ejecución de los planes de desarrollo.
Cundinamarca
La Contraloría de Cundinamarca por medio de los ciclos auditores en los municipios y las entidades de orden departamental, logró la recuperación de 154 mil millones de pesos con el fin de reintegrarlos a las arcas de los municipios y el departamento para ser usados en programas y en los planes de desarrollo.
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Adicionalmente, por medio de una alerta por parte de la entidad se ha logrado evidenciar la posible pérdida de recursos en casos como, diferencias de saldos contables, errores en cobro de retenciones, estampillas e intereses y reintegro de saldos no ejecutados.
“ Gracias a este marco normativo hemos sido más rigurosos en nuestras actividades para fortalecer la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos. Durante estos tres ciclos evitamos la pérdida de más de 154 mil millones de pesos donde los actores devolvieron estos dineros en beneficio de cada una de las entidades para evitar llegar a los procesos de responsabilidad fiscal. Seguimos optimizando los recursos y que se inviertan realmente en lo que requieren los contratistas”, afirmó el contralor de Cundinamarca, Carlos Augusto Wilches Vega.
Este restablecimiento de los recursos de manera temprana es de vital importancia durante la ejecución de los planes de desarrollo, puesto que permite que este dinero público sea reincorporado a los presupuestos y facilita la continuidad y la ejecución de nuevos proyectos en los territorios sin largos periodos de espera.
Por el contrario, cuando la recuperación de recursos es solo de forma posterior, los procesos se consideran como hallazgos fiscales y se prolongan en el tiempo, lo cual significa un desaprovechamiento en la oportunidad de realizar diligencias en beneficio de los ciudadanos.
Finalmente, la Contraloría propone planes de mejoramiento que logren evitar futuros hallazgos y se conviertan en buenas prácticas estatales.