En Tunja se desarrolla el foro sobre jurisdicción agraria: una oportunidad para el campo

Tunja

En Tunja, la Agencia Nacional de Tierras organiza un foro que abordará la importancia de la jurisdicción agraria, un tema vital para saldar la deuda histórica con los campesinos del departamento. Leonardo Plazas Vergel, Coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia en Boyacá, destacó la necesidad de formalizar la propiedad de la tierra, permitiendo así que quienes la han trabajado durante toda su vida puedan acceder a los beneficios del Estado.

La jurisdicción agraria es fundamental para resolver de manera justa y expedita los conflictos relacionados con la tierra. Actualmente, más de 10,000 solicitudes se encuentran represadas en el país debido al colapso de los juzgados y tribunales. Plazas subrayó que la ley que se está promoviendo permitirá establecer una jurisdicción que atienda estas necesidades, asegurando que los campesinos reciban la justicia que merecen.

El proceso incluirá la asistencia de facilitadores de la Defensoría del Pueblo y un equipo interdisciplinario que brindará apoyo en la resolución de conflictos, asegurando que los jueces cuenten con el conocimiento necesario para abordar las particularidades de los casos agrarios. Plazas enfatizó que el proyecto de ley, radicado en el Congreso como Ley 183, busca coordinar las acciones del Estado para ofrecer soluciones rápidas a conflictos que no pueden ser atendidos por la vía administrativa.

Uno de los principales desafíos que enfrenta esta nueva jurisdicción es la alta informalidad en la propiedad de la tierra en el país, con un 70% de la ruralidad en Boyacá sin formalizar. La Agencia Nacional de Tierras está trabajando activamente en 40 municipios para avanzar en la formalización de la propiedad privada, especialmente en predios baldíos.

Además, Plazas destacó la importancia de abordar conflictos familiares y de producción que afectan a los campesinos, quienes a menudo se sienten vulnerables. La nueva jurisdicción busca ofrecer un respaldo a estos trabajadores del campo, garantizando atención y apoyo en un sistema justo y equitativo.

Los grandes desafíos incluyen el despojo histórico por parte de terratenientes y el impacto del conflicto armado, que, aunque menos pronunciado en Boyacá, sigue siendo relevante. La semana pasada, durante un comité de reforma agraria en Puerto Boyacá, se discutieron los efectos de la violencia en la vida de los campesinos de la región.

Finalmente, se anticipa la creación de más de 200 directorios jurídicos y 500 jueces para ofrecer este servicio en la comunidad rural, generando también oportunidades de empleo para profesionales que acompañen los procesos judiciales. Aunque la ley que incluye la jurisdicción agraria en la Constitución ya está aprobada, se espera que el Congreso defina la estructura y ubicación de estos jueces para responder a las necesidades del territorio.