Gobierno radica proyecto para reformar esquema de financiación de la educación superior

El Ministro de Educación Daniel Rojas, radicó este martes el proyecto de ley en torno al “Acuerdo nacional por la educación superior” que busca transformar el esquema de financiación de la educación superior, a través de la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30.

De acuerdo a lo descrito en el proyecto, en caso de ser aprobado, funcionaría así:

1. Los aportes a las universidades y a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución y se ajustará de acuerdo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales, calculado anualmente por el DANE.
2. Si el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior, de las IES estatales u oficiales es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor, el aumento de los aportes de presupuesto general de la nación se ajustará con base en la variación del IPC.
3. Desde el presupuesto general de la nación se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del PIB calculado por el DANE en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las instituciones.
4. Se garantizará la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes y lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, con recursos adicionales a la base presupuestal.
5. Por último, se dispondrán recursos adicionales para el aumento de la base presupuestal de funcionamiento de las IES públicas, así como recursos de inversión para incrementar la capacidad instalada de la educación superior.

Por otro lado, los recursos adicionales los cuales estarán sujetos a disponibilidad presupuestal, estarán destinados al aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior estatales u oficiales, también a el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta, el bienestar institucional, el fortalecimiento de la planta docente y administrativa, así como para atender las variaciones producto de la aplicación del sistema salarial y prestacional docente vigente y proyectos de infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad.

Cabe recordar, que hoy en día, según lo explica el ministerio, el modelo de financiación establecido por la Ley 30 se basa en aportes estatales que se ajustan cada año según el IPC, el cual no tiene en cuenta el aumento real de cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad, ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo a través del tiempo.