La aprobación en Colombia fue instrumentalizada: CEPAL sobre Acuerdo de Escazú

Carlos de Miguel fue entrevistado por el equipo de 6AM Hoy por Hoy durante el Congreso de Minería de Colombia sobre el Acuerdo de Escazú. Recordemos que el evento en el que se encuentra el integrante de la Secretaría del Acuerdo de Escazú se realizará hoy y mañana en Cartagena para recoger las opiniones y retos del sector minero de Colombia.

De Miguel empezó explicando que el Acuerdo de Escazú es una alianza entre varias naciones para preservar derechos ambientales y sociales como el acceso a la información ambiental, la participación justa de los ciudadanos en decisiones que impacten sus territorios y un marco legal propicio para juzgar delitos que impacten a los ecosistemas.

Por otro lado, este convenio incide en la protección de defensores del medioambiente que, es propicio para Colombia, ya que, es uno de los países con mayores asesinatos de líderes sociales a escala internacional. De hecho, frente al caso particular de Colombia, el experto afirmó que, “la aprobación en Colombia fue probablemente instrumentalizada desde distintos ámbitos, tanto a favor como en contra”.

El principal propósito del Acuerdo de Escazú, según De Miguel, es, “hacer bien las cosas”. Hizo alusión a que, situaciones que son de importancia en el mundo como la transición energética, se necesitan de inversiones y extracción de minerales desde la legalidad y el consenso de todos los actores que se verán involucrados.

En cuanto a posibles riesgos de que este Acuerdo obligue a Colombia a obedecer posiciones de ONGs o entes internacionales frente a proyectos industriales, el experto manifestó que: “El Acuerdo está en vigor ya desde el 2021, es decir, ya han pasado tres años en el que está en vigor. Hay 16 países parte. En Europa existe la Convención de Arjus, que es muy similar al acuerdo de Escazú. ¿Y no se han frenado obras en esos países?”.

Carlos de Miguel ve el Acuerdo que fue aprobado ayer en Colombia como un espacio que, “ofrece algunos caminos para avanzar en esas soluciones”, que necesita el mundo para frenar el impacto medioambiental que existe en la actualidad. Adicionalmente, insistió que, “el acuerdo en términos de inversión no tutela los procedimientos de inversión. El acuerdo, lo único que ve en su articulado de participación, es que cuando la legislación nacional lo considera oportuno en función de que una obra de infraestructura o una inversión en minería”.

Recordemos que el Acuerdo de Escazú fue declarado como ley constitucionalmente válida ayer. Anteriormente, el Congreso le dio vía libre, pero faltaba la intervención de la Corte Constitucional para ponerlo en funcionamiento. Además, ha sido adoptado por países como Costa Rica, Chile, México, Argentina, entre otros.

Este hecho ya ha traído reacciones de diferentes sectores como María Fernanda Cabal en contra de esta medida y la Asociación de Mineros, que dijo que la Ministra de Ambiente estaba usando el Acuerdo de Escazú para hacer activismo político.