Este miércoles la Corte Constitucional decide el futuro del Acuerdo de Escazú en Colombia
La corte determinará si el tratado sobre protección ambiental cumple con los principios constitucionales del país.
Justicia
Este miércoles 28 de agosto, a las 3 de la tarde, la Corte Constitucional de Colombia tomará una decisión clave sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, un tratado que busca fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez encabezará la revisión de la ley con la que Colombia incorporó el Acuerdo de Escazú, marcando el último paso antes de que el tratado entre en vigor en el país.
Hay que recordar que el Ejecutivo colombiano firmó el acuerdo durante el Paro Nacional de 2019 bajo el gobierno del entonces presidente Iván Duque, y su aprobación por parte del Congreso se completó a finales de 2022, con un amplio apoyo de la sociedad civil.
¿Qué se va a determinar con el acuerdo?
Uno de los puntos clave en la revisión de la Corte es determinar si el Acuerdo de Escazú podría afectar la seguridad jurídica de proyectos de minería e hidrocarburos que ya tienen títulos y licencias ambientales, así como evaluar si la posible intervención de organismos internacionales en decisiones internas del país, como lo contempla el tratado, podría poner en riesgo la soberanía nacional.
La revisión ha contado con una participación ciudadana, con casi 80 intervenciones solicitando la declaración de constitucionalidad del acuerdo. El 26 de abril de 2024, se llevó a cabo una audiencia pública en la que los magistrados escucharon argumentos sobre la relación entre el tratado regional, la seguridad jurídica y la soberanía nacional.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca establecer protocolos de protección medioambiental a través de normas emitidas en cada nación firmante. Aunque el acuerdo está abierto para que los 33 países de América Latina y el Caribe se adhieran, hasta ahora ha sido firmado por 25 países, de los cuales 14 ya lo han ratificado.
La decisión de la Corte Constitucional será crucial para definir el futuro del acuerdo en Colombia y su alineación con los principios constitucionales del país.