Procuraduría advierte por retrasos en obras de cárceles en Magdalena y La Guajira
La construcción de la cárcel de mediana seguridad en San Ángel, Magdalena, tiene avance del 35% y la de Riohacha de 48%.
Retrasos en pagos a médicos de las cárceles se está solucionando, dice la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC / COLPRENSA
La Procuraduría calificó como un panorama desalentador el avance de las obras de construcción de cárceles en Magdalena y La Guajira, que tras cuatro años aún presentan un saldo negativo. El ente de control emitió una alerta tras revisar la información proporcionada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), señalando que los atrasos en los proyectos representan un riesgo para el patrimonio público debido a las altas inversiones presupuestales, que superan los 400 mil millones de pesos.
Entre los hallazgos de la Procuraduría se destaca que la construcción de la cárcel de mediana seguridad en San Ángel, Magdalena, que tiene capacidad para 1,914 reclusos, solo alcanza, hasta el momento, un 35% de avance.
La situación en Riohacha, donde también se construye una cárcel de mediana seguridad, no es mejor. Los trabajos de ejecución en este proyecto sólo han alcanzado un 48,14 por ciento. Los constantes retrasos y las modificaciones a los cronogramas originales han impedido que las obras avancen conforme a lo pactado, afectando negativamente las metas para reducir el hacinamiento en las cárceles y garantizar los derechos de los reclusos.
Dicen que estas cifras ponen de manifiesto la lentitud en el progreso de la obra, que sigue sin cumplir los cronogramas establecidos, teniendo en cuenta que las fechas previstas de finalización son junio y diciembre de 2025, y la Procuraduría resalta la importancia de cumplir estos plazos para asegurar la implementación efectiva de las instalaciones.
El orégano de control dice entonces que los problemas podrían estar vinculados con una posible vulneración del principio de planeación en materia contractual, dado que, después de aproximadamente cuatro años desde la firma de los contratos de obra e interventoría, la ejecución total no supera el 50%. Esta falta de progreso plantea serios cuestionamientos sobre la estimación y la gestión de los plazos de culminación de los proyectos.
En respuesta a esta situación, el ente de control le pide al USPEC adoptar medidas jurídicas, financieras y técnicas necesarias para evitar más modificaciones contractuales y prórrogas que podrían retrasar aún más la entrega de las obras.
