Gobierno tendría que pagar $1 billón por congelamiento de tarifa de peajes: Contraloría
Esto se daría sino se autoriza prontamente el ajuste que falta del +4,64%
Cartagena
Ante el congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 050 de 2023, la Contraloría General de la República advierte al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales, para que consideren la pronta implementación de las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de concesión.
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Como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.
Se corre el riesgo de que para los 11 Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial.
La expedición del Decreto el 15 de enero de 2023, se hizo bajo la justificación de precaver eventuales riesgos inflacionarios, pero su estudio y soporte no ha sido justificado satisfactoriamente por el Gobierno Nacional, indica el ente de control.
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En cuanto a los efectos económicos de esta decisión del Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República señala que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
El ente de control manifiesta su preocupación de que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados.