Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en el 2022, ha tenido varios desacuerdos con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pues Petro ha hecho críticas públicas cuestionando su independencia y criticando sus decisiones.

Estas críticas han creado un ambiente de fricción y desconfianza entre el Ejecutivo y el poder judicial y es que Petro ha impulsado varias reformas significativas, incluyendo cambios en el sistema de salud, la justicia y la legislación agraria con la ley de tierras y muchos apartes de estas han sido declaradas inconstitucionales o han pedido modificaciones sustanciales.

Ademas, no hay que olvidar lo que sucedió el pasado 8 de febrero y lo que llamaron precisamente todo los presidentes de las altas cortes como un “asedio” al Palacio de Justicia justo cuando se iba a votar por la próxima fiscal general de la nación.

Caracol Radio habló con abogados y analistas sobre estos dos años de relación entre las cortes y Petro.

“Es apenas lógico entonces que hayan decisiones por parte de las altas cortes que vayan en contravía de los intereses del gobierno, no solo porque tienen criterios diferentes, sino porque han sido estructurados dentro de la arquitectura institucional para cumplir diversas funciones. Y así como el presidente busca el bien superior del Estado, pero a través de la ejecución de políticas públicas y de su programa de gobierno, las cortes tienen que verificar que esas medidas satisfagan todos los requisitos formales y materiales, satisfagan todos los requisitos de la ley y también los requisitos de la Constitución. Por lo tanto, no se puede negar que el gobierno, revisando las decisiones, las próximas medidas que tome, acaten lo que se le haya establecido de acuerdo a las altas corporaciones”, dio el abogado Santiago TresPalacios.

Decisiones de las altas cortes sobre los nombramientos y otros asuntos que también han sido fuente de conflicto.

Petro ha cuestionado algunos de estos fallos, argumentando que afectan su capacidad para implementar su agenda política y en este punto resaltamos por ejemplo, el hundimiento a los decretos del Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, los cuales, como domino, se caían uno a uno, día tras día, por falta de proporcionalidad, limitación de poderes extraordinarios o falta de temporalidad.

Otro ejemplo muy importante fue la decisión de inconstitucional en la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad por violación del principio de consecutividad y falta de discusión adecuada.

“El presidente Petro tiene adversarios, contradictores y antagonistas por doquier. Pero las Altas Cortes no lo son, porque sus sentencias son en derecho y colegiadas, están a la vista pública y en todos los casos pueden ser recurridas de diversas formas y en diferentes sedes judiciales nacionales, regionales e internacionales”, dijo el abogado Jairo Libreros.

Y finalmente esto dijo el abogado Francisco Bernate.

“El Ejecutivo las mira bajo la perspectiva de la eficacia, de la eficiencia, de cumplir con la función, de cumplir con las necesidades de la comunidad, pero en la sede judicial se miran otros requisitos. Entonces, creo que lo normal entre dos poderes públicos que podríamos decir de alguna forma se están conociendo, y por supuesto que han habido estos contratiempos para el gobierno, pero seguro que los ha aprendido y seguro que tomará las medidas para que sus disposiciones, decretos, resoluciones y demás no sufran este tipo de traspies. Pero en términos generales la relación ha sido la normal, la que se espera entre estos dos poderes que normalmente pues tienden a tener relaciones muy poco armónicas, pero en general creo que son funcionales”, aseguró.

Como lo menciona finalmente el jurista Bernate a pesar de las tensiones, las altas cortes y el gobierno de Petro han tenido que interactuar en diversas ocasiones para abordar temas legales y constitucionales. La relación, aunque conflictiva, también refleja el sistema de controles y equilibrios de la democracia del país.