Procuraduría cuestiona proyecto que prohíbe exportación de carbón a Israel
La Procuraduría General de la Nación ha enviado observaciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el proyecto de decreto que busca prohibir la exportación de carbón a Israel, argumentando posibles impactos económicos y legales.
Colombia
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, presentó sus reparos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con el proyecto de decreto que plantea la prohibición de exportaciones de carbón a Israel. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, busca presionar a Israel para que cese los ataques contra la población civil en Gaza.
En su comunicación, la Procuraduría expresó que el proyecto carece de un “análisis técnico” sobre el impacto económico de la suspensión de exportaciones, que ascienden a 650 mil millones de pesos anuales en regalías, impuestos y contribuciones. De estos ingresos, “100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar”, señaló.
Además, la Procuraduría considera que la medida no es “idónea” para lograr los fines propuestos por el gobierno, ya que no se ha demostrado que la prohibición de exportación contribuya efectivamente a la resolución del conflicto en Gaza. En este sentido, destaca la falta de una “demostración técnica” que evidencie que la medida cumplirá con los objetivos de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad de la ONU.
La entidad de control también advirtió sobre el “riesgo de daño antijurídico”, indicando que el proyecto podría ser nulo por “falsa motivación”, al fundamentarse en razones que considera “contrarias a la realidad” y no proporcionadas.
Asimismo, la Procuraduría alertó sobre el “incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel”, el cual fue aprobado por el Congreso en 2017 y entró en vigor en 2020. Según el ente de control, la prohibición no está justificada y podría vulnerar este acuerdo internacional.
Finalmente, la Procuraduría destacó que el proyecto invoca el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo, que permite al gobierno adoptar medidas comerciales restrictivas por razones de seguridad nacional, soberanía alimentaria y protección de la industria. Sin embargo, subrayó que la prohibición “no garantiza ninguna de las razones expuestas” y podría afectar la libre industria, el comercio, y los derechos fundamentales a la iniciativa privada y a la libertad de empresa.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aún no se ha pronunciado públicamente sobre los reparos presentados por la Procuraduría.
