Cartel títulos mineros: Imputarán cargos a funcionarios de la Agencia Nacional de Minería
Se les acusa por una presunta emisión de resoluciones o actos administrativos ilegales que habrían a Ultracem en la adjudicación de un título minero para explorar yacimientos de minerales en el departamento del Atlántico.
Judicial
Para el próximo sábado 8 de julio, algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y empleados del sector privado, que están implicados en un presunto cartel que incluye a la empresa Ultracem, deberán enfrentar la imputación de cargos en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla. Se sabe que esta audiencia ha sido aplazada por más de un año debido presuntas acciones dilatorias por parte de los acusados.
Los funcionarios mencionados son Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández, junto al representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango, quienes están acusados de prevaricato por acción y omisión. Se les señala de emitir resoluciones ilegales que beneficiaron a Ultracem en la adjudicación de un título minero en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del Atlántico.
Pedro Ospino Polo, abogado de las víctimas, declaró que “el representante legal de Ultracem y varios de sus trabajadores, mediante maniobras ilegales, se habrían apropiado de títulos mineros de manera irregular. Las investigaciones evidencian la participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería que aparentemente recibieron favores a cambio de la entrega irregular de títulos. Por ello, también serán imputados”.
Así mismo dijo que “la Fiscalía tiene pruebas contundentes para demostrar las irregularidades en la adjudicación de los títulos mineros, y los acusados podrían terminar en la cárcel. Ahora, al ser descubiertos, intentan eludir la justicia con medidas dilatorias que solo buscan impunidad”.
Las pruebas muestran alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, con documentos que desaparecieron y reaparecieron misteriosamente para beneficiar a terceros. Los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier intento de retrasar el proceso y exigen una acción judicial rápida. También hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación para intervenir, ante presuntas presiones desde Bogotá por parte de una fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
