Caucasia, Antioquia

En Caucasia, Antioquía, se instaló una mesa de diálogo, en las instalaciones del Batallón RIFLES, organizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para conversar con los líderes de la ocupación masiva e ilegal de la Hacienda Santa Helena, en un extenso terreno de 378 hectáreas.

Los representantes de más de 5.000 familias que actualmente ocupan el terreno, junto con funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios, participaron en el encuentro. El propósito principal fue establecer una ruta de acción por parte del gobierno para proteger los derechos de los ocupantes y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales de la SAE.

La Hacienda Santa Helena, que ha sido invadida por miles de personas, quienes reclaman una vivienda, desde hace cerca de tres meses, fue ocupada por habitantes de Caucasia y municipios cercanos, con la esperanza de obtener no solo el permiso para quedarse, sino también el apoyo necesario para construir sus propias viviendas.

Lea también: Cornare archiva proyecto minero en el oriente de Antioquia

Lea también: Mesa directiva del Concejo de Medellín interpondrá recursos a la orden del CNE

¿Qué dicen los líderes y el gobierno?

Durante la reunión, Alberto Caro, líder comunitario, destacó que en el terreno se encuentran asentadas 7.500 familias y alrededor de 30.000 personas. Expresó que hay una problemática común relacionada con el acceso a la vivienda y pidió al Gobierno Nacional intervenir de manera imparcial. Subrayó la urgencia de encontrar una solución rápida para las familias, resaltando las condiciones de habitabilidad que ofrece el territorio de Santa Helena.

Simón Gómez, de la presidencia de la SAE, enfatizó el compromiso del Gobierno de proteger los derechos humanos y la necesidad de una identificación precisa de los habitantes del predio. Elogió la organización legítima de la comunidad caucasiana y aseguró que no se llevará a cabo ningún procedimiento policial sin garantizar primero los derechos humanos.

Lilia Patricia Solano, viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, solicitó compartir cómo se obtuvo la cifra de habitantes. Caro respondió que se realizó un proceso de caracterización con un formato propio que proporcionó los resultados, aunque aclaró que los datos aún no se han enviado oficialmente a la administración local o al gobierno nacional.

Por otro lado, Juliana Rojas, líder comunitaria, expresó que la comunidad solo busca obtener la tierra para autoconstrucción y no desea la intervención del gobierno en la edificación de viviendas. Hizo hincapié en que el predio está mayoritariamente ocupado por madres solteras y solicitó el apoyo del Gobierno para proteger sus derechos.

Mauricio Urquijo, representante de la SAE, explicó que el terreno está en proceso de extinción de dominio y no puede destinarse a proyectos hasta que se resuelva judicialmente. Se comprometió a explorar alternativas de reubicación y a no proceder con desalojos sin una solución concertada. Enfatizó la necesidad de una caracterización exhaustiva y la colaboración con instituciones educativas superiores para llevarla a cabo.

Gustavo Berrío de la Hoz, representante de una asociación de productores agrícolas, destacó que gran parte de la población son campesinos que desean trabajar la tierra y convertirse en empresarios. Pidió apoyo para las 55 familias del sector La Floresta para llegar a un acuerdo y desarrollar proyectos productivos.

Ministerio de Vivienda formulará plan

El Ministerio de Vivienda se comprometió a respaldar al ente territorial en el suministro de soluciones habitacionales integrales, incluyendo la legalización urbanística y la prestación de servicios públicos. El representante gubernamental elogió la movilización de la comunidad y subrayó la importancia de democratizar la tenencia de la tierra, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.

El alcalde de Caucasia aclaró que, aunque la administración tiene voluntad, las decisiones están en manos del Gobierno Nacional debido a las limitaciones financieras del municipio para abordar el déficit de vivienda. El senador y el secretario de obras ratificaron la intención del gobierno de establecer un diálogo con la comunidad y buscar soluciones alternativas, destacando la importancia de una intervención regional coordinada.

Como parte de la hoja de ruta preliminar acordada, se llevará a cabo un proceso de coordinación entre la SAE y el Ministerio del Interior para realizar una caracterización oficial de los habitantes del predio. Se establecerá comunicación con entidades como el DANE, ICBF y la Fiscalía para abordar diversas necesidades de la comunidad. Además, se trabajará con el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para desarrollar proyectos productivos. Las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y local colaborarán de manera coordinada para resolver los desafíos del territorio.