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Polémica por presunta estrategia de judicialización masiva de habitantes de calle

Este plan, que habría sido descartado, buscaba generar estadísticas positivas a corto plazo.

Habitantes en condición de calle sobre la avenida 0 de Cúcuta / Foto: @juanpcohen

Habitantes en condición de calle sobre la avenida 0 de Cúcuta / Foto: @juanpcohen

Cúcuta

Una polémica estrategia se habría planteado en meses anteriores para la disminución de estadísticas de inseguridad en la ciudad de Cúcuta

Se trata de un presunto acuerdo entre la administración municipal y miembros de la Fiscalía para lograr resultados positivos en un corto tiempo por medio de la judicialización masiva de habitantes de calle.

“Yo supe de una cosa que me pareció macabra, y se trata de una iniciativa de la administración, pero que consistía en ir a recoger 500 habitantes de calle y judicializarlos, y mandarlos no sé a dónde, y que eso redundara en las estadísticas, y no quiero individualizar a nadie, pero eso era un acuerdo entre alguien de la administración y alguien de la Fiscalía. Eso es macabro porque no solamente congestiona el sistema carcelario, sino que utiliza el derecho penal para fines populistas y me parece que la implementación de políticas equivocadas como esas es lo que nos lleva a situaciones tan lamentables como la que estamos viviendo” dijo a Caracol Radio el abogado Cristian Leal.

Aunque esta presunta estrategia fue descartada, el hecho que haya sido una opción ha generado malestar, teniendo en cuenta los constantes anuncios de la administración de brindar apoyo y acompañamiento a esta población.

“Afortunadamente ese esfuerzo no se cristalizó, de eso ya hace algunos meses, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero hacer notar que estaba en una de los planes para reducir la criminalidad, y me parece que alguien capaz de concebir una idea de esas, no está realmente en el tema de cómo afrontar esto de manera seria” puntualizó Leal.

Trascendió que en esta situación se verían implicados un alto funcionario de la administración municipal, dos secretarios de despacho y un fiscal de Norte de Santander.

Hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades al respecto.

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